El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterado esta mañana en el Parlament su intención de convocar el referéndum de independencia. A pesar de la división que se ha producido en el bloque proconsulta, con los comunes de Ada Colau marcando distancias con el Gobierno, y pese a las «amenazas» que, según ha dicho Puigdemont, llegan desde el Gobierno central. El presidente catalán se ha referido especialmente a ese último extremo, cuando ha demandado a Mariano Rajoy que «explique si está dispuesto a todo» y cómo hará para frenar la votación.
El presidente catalán ha hecho especial referencia a la posibilidad de que el Estado haga uso «de la fuerza» para evitar el referéndum, por lo que que ha pedido dejar de «jugar con esa ambigüedad» y aportar concreciones. Sí ha dejado claro que ese rechazo frontal del Gobierno central, así como la judicialización del proceso independentista o las operaciones del aparato del Estado para frenar el independentismo no hacen más que «animar» su objetivo de celebrar el referéndum. Esos movimientos, ha dicho, «ni disuaden, ni replantean, ni rectifican, ni reculan» su hoja de ruta.
La afirmación de Puigdemont no era improvisada. Seguía a la pregunta que le ha realizado en la sesión de control del Parlament el presidente del grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, en la que preguntaba si «las amenazas» del Gobierno central tendrían un efecto disuasorio de convocar el referéndum. La respuesta ha sido que no. Ya le había dicho minutos antes al socialista Miquel Iceta que «Cataluña es una nación y que, como nación, tiene derecho a la autodeterminación», al mismo tiempo que ponía en duda que ejecutar ese derecho suponga en España, a su parecer, «un deporte de riesgo».
Iceta le había echado en cara que el Gobierno catalán esté dispuesto a convocar la consulta al margen de la Constitución, como marcan las buenas prácticas democráticas que marca la Comisión de Venecia y sin tener en cuenta cuáles pueden ser las consecuencias. Puigdemont le ha respondido que las únicas consecuencias serán la ejecución del resultado. Antes ya había anunciado que ha remitido una carta a la Comisión de Venecia para que este organismo asesore al Gobierno catalán, tal y como pactaron los grupos de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot (CSQP). La comisión de Venecia, que depende del Consejo de Europa, emite dictámenes y asesora cómo se deben formular las convocatorias refrendarias. Su Código de Buenas Prácticas contempla, sin embargo, una serie de requisitos que los grupos independentistas no cumplen: la consulta no debería contravenir la Constitución ni la legalidad y, como mínimo, la ley del referéndum -en el caso de que se diera por válida la que promueve el Gobierno catalán en secreto- no podría ser modificada un año antes de llamar a votar.
Con la confluencia de izquierdas de CQSP el desencuentro ha sido otro, el del Pacto Nacional por el Referéndum. El presidente del grupo que representa la confluencia de izquierdas, Lluís Rabell, ha acusado a Puigdemont de «menospreciar» la plataforma que defiende un referéndum con garantías, después de que el Gobierno catalán convocará el lunes una reunión con los partidos al margen del pacto. Y ha asegurado que lo que «toca ahora es reunir el Pacto Nacional por el Referéndum» –reunión que sucederá el próximo martes– y «decirnos las cosas claramente».
El presidente catalán ha afeado esa acusación y ha insinuado que han sido los ‘comunes’ de Ada Colau quienes han intentado utilizar a su voluntad el Pacto por el Referéndum. «Yo sé quien ha intentado manipular el Pacto», ha dicho, después de denunciar que quien ha «menospreciado» al Gobierno ha sido Catalunya en Comú al negarse a asistir a la reunión del lunes en el Palau de la Generalitat.
El País
Por Confirmado: Gabriella Garcés
