El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, instó al Ejecutivo encabezado por Delcy Rodríguez a publicar información detallada y oficial sobre las personas excarceladas desde el pasado 14 de agosto, así como a agilizar los procedimientos legales que aún se encuentran pendientes.
En entrevista concedida a Unión Radio, Murillo precisó que, hasta la fecha, la organización de derechos humanos solo ha podido confirmar de forma independiente la medida alternativa a la privación de libertad otorgada a 78 personas. Advirtió que la falta de un reporte gubernamental consolidado genera angustia e incertidumbre entre las familias.
Opacidad oficial e incertidumbre familiar
El vocero cuestionó que un proceso de liberaciones, orientado a aliviar tensiones en el país, se vea empañado por la falta de rendición de cuentas e información oportuna.
-
Falta de transparencia: «Un anuncio que debió generar alivio y un clima distinto de convivencia se transforma en incertidumbre por la persistente política de opacidad del Estado», enfatizó el activista.
-
Plataforma de consulta: Ante este panorama, Provea propuso que el Ministerio del Servicio Penitenciario habilite un portal web actualizado en el que los familiares consulten la condición jurídica de los detenidos, los regímenes cautelares aplicados y los expedientes en revisión.
Garantías de debido proceso y precedentes judiciales
Murillo subrayó que gran parte de los excarcelados sufrieron graves violaciones al debido proceso. Por ello, instó a establecer garantías institucionales que impidan la repetición de estas irregularidades en el sistema de justicia.
Finalmente, el representante de Provea confirmó que el Ministerio Público ha comenzado a retirar o desestimar cargos vinculados a la Ley contra el Terrorismo en determinados expedientes. A su juicio, esta práctica constituye un precedente jurídico relevante que podría abrir la puerta a futuras reformas o a la derogación de instrumentos legales utilizados para la persecución penal.