La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) fijó posición ante la propuesta del Ejecutivo nacional de reformar la Ley contra el Odio para suprimir sus sanciones penales. La ONG rechazó la medida y exigió la derogación absoluta del instrumento legal debido a su origen inconstitucional y al impacto restrictivo que ha generado en la sociedad.
En declaraciones ofrecidas al periodista Román Lozinski durante una entrevista transmitida por el Circuito Éxitos, el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, sostuvo que eliminar únicamente las penas de cárcel resulta insuficiente frente al alcance punitivo de la normativa vigente.
Discrecionalidad y persecución al derecho a expresarse
«La derogación de la Ley contra el Odio es una reparación moral para las víctimas de la represión y sus familias», enfatizó Murillo, quien alertó sobre los vacíos y ambigüedades técnicas presentes en el texto jurídico.
El representante de Provea advirtió que mantener la ley, incluso sin penas privativas de libertad, deja abiertos mecanismos arbitrarios contra la ciudadanía: «Esa es parte de lo dañino de la ley, que está escrita de tal manera que abre las compuertas a una discrecionalidad que es muy peligrosa», puntualizó.
Asimismo, la organización recordó que el instrumento legal ha sido utilizado como mecanismo de amedrentamiento contra sindicalistas, trabajadores y ciudadanos comunes, sancionando tanto el ejercicio de la protesta laboral como la difusión de opiniones en plataformas y redes sociales.
