En una rueda de prensa realizada la tarde de este miércoles 22 de julio, el coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, denunció la falta de respuesta institucional ante las persistentes violaciones de derechos humanos y la desatención sistemática que sufren las víctimas y sus familias en el país.
Acompañado por familiares de presos políticos, Murillo enfatizó que el accionar de los allegados no es más que el ejercicio legítimo de sus garantías fundamentales, amparadas directamente en el ordenamiento jurídico venezolano.
“Un llamado que nosotros estamos ejerciendo, nuestro derecho en el artículo 58 y 51, es precisamente el dirigir peticiones a las autoridades locales. Y aquí ha habido diferentes peticiones al Ministerio de Servicios Penitenciarios, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía”, declaró el vocero de la organización.
Falta de voluntad política
A pesar de las múltiples solicitudes dirigidas de manera formal al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Murillo señaló que ninguno de estos entes ha emitido una respuesta oportuna ni ha tomado medidas para solucionar la grave situación penitenciaria y judicial.
Para Provea, esta ausencia de acción no responde a trabas burocráticas o administrativas, sino a una postura deliberada y a la falta de voluntad política por parte del Estado venezolano.
El representante de la ONG remarcó además que los organismos competentes no requieren de formalismos adicionales para actuar ante la crisis actual:
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Inacción deliberada: Las autoridades tienen conocimiento pleno de la situación a través de las denuncias públicas.
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Medidas inmediatas: “No hace falta que llegue un documento para que ellos tomen cartas en el asunto. Ellos perfectamente, con esta rueda de prensa, pueden tomar medidas inmediatamente si hay voluntad política”, aseveró Murillo.
El encuentro concluyó con un llamado urgente por parte de las ONG y las familias afectadas para exigir justicia, buscando situar la empatía, el respeto a la Constitución y la liberación de los presos políticos en el centro del debate público nacional.
