Las paredes de los edificios de Playa Grande gritan. En los muros derruidos se leen números telefónicos escritos con aerosol y tres palabras que se repiten: “Propiedad privada”. “Activos”. Señales desesperadas de una comunidad que, en medio de la muerte y el caos, levanta la voz para confirmar que sigue viva.
¿Qué quieren decir esos mensajes? Y, sobre todo, ¿a quiénes van dirigidos? “Tenemos mucha incertidumbre y es una manera de mostrar presencia en la zona. Mucha gente se retiró y no regresa, salvo que aún esté buscando el cuerpo de un familiar entre las ruinas”, explica Francys Martínez, una abogada de 29 años que tomó la iniciativa de convocar a sus vecinos para juntos llamar la atención de las autoridades.
Al final, 84 torres se han unido para defender sus intereses en Playa Grande, uno de los sectores del estado La Guaira más golpeados por el doblete sísmico del 24 de junio, que hasta la fecha ha dejado un saldo de 5.546 fallecidos.
De acuerdo con el registro adelantado por Martínez, son 6.005 personas afectadas, incluidos 830 niños de 0 a 10 años, otros 922 con edades comprendidas entre los 11 y 17 años, y 713 adultos mayores.
Todas son expresiones de la muy disminuida clase media venezolana, que vieron cómo en cuestión de segundos sus ahorros quedaban reducidos a escombros y hoy están refugiados en casas de familiares y amigos en Caracas y otras regiones de Venezuela.
Los edificios se dividen entre los que se cayeron y aquellos que a duras penas se mantienen en pie, pero no son habitables. “La gente siente el temor de que será desplazada y el tema de la propiedad es muy delicado”, comenta la joven abogada.
En este punto remarca la diferencia que existe entre las personas que residían en los urbanismos construidos y adjudicados por el gobierno, y los propietarios de estos apartamentos de Playa Grande, desarrollados por el sector privado y que en su momento fueron comprados por sus dueños “con su esfuerzo, sin ningún tipo de ayuda oficial”.
Martínez confiesa que “existe el temor de que nos quiten la propiedad del terreno, nos envíen a otra zona del país” y no les reconozcan sus derechos. “La idea no es entorpecer la labor del gobierno sino ser escuchados. ¿Cómo pueden tomar una decisión si no escuchan a la gente, si no conocen nuestros sentimientos y necesidades?”, se pregunta.
Por Infobae