El anuncio gubernamental sobre la eliminación de las alcabalas policiales en el país ha revivido el escepticismo ciudadano, al tratarse de una directriz oficial que ya había sido dictada y públicamente incumplida hace cinco años.
La medida, comunicada recientemente por la mandataria, guarda un exacto paralelismo con un episodio similar ocurrido en julio de 2021. En aquella oportunidad, durante una cadena nacional, Nicolás Maduro le ordenó de manera directa a Delcy Rodríguez —quien entonces ejercía como vicepresidenta— la disolución de estos puntos de control, respondiendo a las denuncias presentadas por el diputado José Gregorio Correa sobre las irregularidades y vejámenes que sufría la población en las carreteras.
«Señora vicepresidenta, usted me garantiza que se eliminen las trabas que se le ponen en alcabalas al pueblo de Venezuela», exigió Maduro en ese entonces.
La realidad en las vías: más control y matraca
Pese a la instrucción presidencial de hace cinco años, la orden jamás se tradujo en una política pública efectiva. Por el contrario, conductores, transportistas y usuarios recurrentes han denunciado de forma sistemática que la presencia de puntos de control no solo se mantuvo latente, sino que los episodios de extorsión, cobros ilegales y abusos por parte de los funcionarios de seguridad se intensificaron en las principales arterias viales del territorio nacional.
El nuevo anuncio reedita una promesa pendiente que, tras años de inacción y proliferación de alcabalas convertidas en centros de cobro extorsivo, enfrenta la desconfianza generalizada de los ciudadanos.
