El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene previsto viajar este viernes a Caracas para reunirse por primera vez con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, un encuentro que estará centrado en la seguridad fronteriza.
La visita a la capital venezolana fue anunciada por Petro el pasado viernes en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, en Barcelona, donde recordó que el encuentro con Rodríguez, previsto inicialmente para el 13 de marzo en la frontera, no se dio. «Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas», afirmó.
Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, que se extiende desde el mar Caribe hasta la Amazonía y donde proliferan los grupos armados ilegales, desde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), hasta bandas de narcotraficantes y de contrabandistas.
Por eso, Petro dijo el martes en un consejo de ministros que en su visita de un día a Caracas estará acompañado por una delegación «más bien militar, policial» para tratar con Rodríguez el tema de la seguridad fronteriza, principalmente en el Catatumbo, una región selvática que tiene la segunda mayor extensión de cultivos de coca del país y es uno de los mayores focos de violencia del conflicto armado colombiano.
El Catatumbo abarca buena parte del departamento de Norte de Santander, que limita con el estado venezolano de Táchira, y es también escenario de disputas territoriales entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, grupos que según las autoridades se mueven de un lado a otro de la frontera.
«Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy», manifestó Petro en el consejo de ministros.
Según el mandatario, «el tema es de seguridad y de un plan conjunto», y añadió que dicho esfuerzo ha enfrentado intentos de sabotaje y debe consolidarse con mayor coordinación entre ambos países.
En esa coordinación, un tema central será el fortalecimiento de la inteligencia binacional, que el mandatario considera clave para evitar que operaciones militares contra los grupos ilegales afecten a la población civil.
