Con una infraestructura que arrastra al menos 30 años de obsolescencia y opera apenas al 25% de su capacidad, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra en una situación crítica. Para el ingeniero electricista Ángel Rodríguez, el problema estructural de los apagones no es un asunto de «rayos perpendiculares» ni de cambios climáticos, sino la consecuencia directa de una desatención institucional que ha ignorado las advertencias técnicas durante más de una década.
La factura de la desidia: 60.000 millones de dólares
Estabilizar y reconstruir el sistema eléctrico del país requiere una inyección de recursos de proporciones milmillonarias. Según las estimaciones del especialista, la ruta de recuperación se divide en dos etapas financieras urgentes:
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Corto plazo (Estabilización): Se necesitan de inmediato 20.000 millones de dólares para detener la caída libre del SEN y estabilizar el flujo básico. Esta cifra, paradójicamente, coincide con los montos señalados en las recientes tramas de corrupción del sector petrolero nacional.
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Mediano plazo (Reconstrucción): Se requieren 40.000 millones de dólares adicionales para rehabilitar la infraestructura medular, desde la Central Hidroeléctrica del Guri hasta las golpeadas redes de distribución en cada estado.
“La generación en Guri, responsable de la mayor parte de la energía del país, requiere una intervención técnica profunda que no se ha hecho. El sistema necesita mantenimiento y recursos, pero la conflictividad política ha bloqueado las inversiones tanto en la generación como en la distribución regional”, advierte Rodríguez.
El experto señala que, aunque las plantas logren generar algo de energía, el sistema fracasa masivamente al llegar a las subestaciones. Además, denuncia que las cuadrillas de Corpoelec están «atadas de manos»: no cuentan con inventario de repuestos, vehículos operativos ni combustible para atender las fallas en las comunidades.
El dilema de la recaudación: ¿Cómo financiar la emergencia?
Uno de los puntos más complejos de la crisis es el colapso de la cultura de pago del servicio eléctrico. Rodríguez señala una contradicción social: mientras el sistema se desmorona por falta de presupuesto, existe una fuerte resistencia ciudadana a pagar tarifas reales. Sin embargo, aclara que la responsabilidad principal es del Estado, que ha sido incapaz de suministrar medidores o establecer un esquema de cobro eficiente y transparente.
Para salir del congelamiento operativo, el ingeniero propone una solución de emergencia descentralizada tomando como ejemplo al estado Monagas:
Si en ciudades como Maturín se estableciera una cuota mínima provisional de un dólar por vivienda —mientras se adecúa el sistema de medición—, se generaría un flujo de caja inmediato y local. Ese dinero permitiría a las oficinas regionales de Corpoelec comprar insumos básicos, desde cauchos para los camiones hasta herramientas, resolviendo averías sin depender de la burocracia central de Caracas.
La ilusión del «boom» petrolero frente al colapso energético
La crisis eléctrica no solo afecta la calidad de vida; es el principal freno para cualquier intento de recuperación económica. Actualmente, el sector industrial venezolano ya reporta una pérdida del 15% en su capacidad operativa debido a las fluctuaciones de voltaje.
Rodríguez advierte que las promesas de reactivar la industria petrolera a gran escala en zonas como la Faja del Orinoco podrían chocar de frente con la realidad: de reactivarse masivamente los taladros y las operaciones de transnacionales, el SEN simplemente no aguantará la carga. El país entraría en la encrucijada de sacrificar el consumo residencial para poder producir crudo.
A esto se suma la desconfianza de los inversionistas extranjeros. Gigantes tecnológicos como Siemens o General Electric conocen el potencial del mercado venezolano, pero el historial de impagos y la falta de seguridad jurídica los mantienen alejados. Sin reglas claras ni estabilidad política, ninguna empresa de envergadura arriesgará capital en el país.
Occidente en penumbras: El impacto humano de la crisis
Aunque el racionamiento afecta a casi todo el territorio, la región occidental de Venezuela sigue siendo la zona de sacrificio del sistema. Estados como Zulia, Táchira, Mérida, Falcón, Lara, Trujillo, Barinas y Portuguesa arrastran 15 años bajo el yugo de los apagones.
El estado Táchira vive actualmente una de sus peores rachas, con cortes eléctricos que promedian las 12 horas diarias, divididos en bloques extenuantes. La gravedad es tal que comunidades como La Popita, en San Cristóbal, sumaron 11 días continuos sin servicio, provocando la pérdida total de alimentos y daños severos en electrodomésticos.
Esta situación ha trascendido lo económico para convertirse en una crisis de salud pública:
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Falta de información: La ausencia de cronogramas oficiales por parte de Corpoelec impide a los ciudadanos planificar su día a día, generando una angustia constante.
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Impacto mental y escolar: El desgaste psicológico es generalizado. Los niños asisten a los colegios agotados y con déficit de atención por no poder dormir debido al calor y los cortes nocturnos.
La ciencia ignorada
El especialista lamenta que el país haya sepultado los proyectos de energías alternativas. Los parques eólicos de Falcón y los sistemas diseñados para la Gran Sabana, que pudieron aliviar la carga del Guri, hoy son monumentos al abandono. Mientras el resto del mundo aprovecha la radiación solar para generar energía limpia, en Venezuela el sol es utilizado en el discurso oficial como una excusa para justificar el colapso.
El SEN se está apagando aceleradamente por priorizar la centralización política sobre los criterios técnicos. Mientras el Colegio de Ingenieros y las universidades sigan excluidos de las mesas de soluciones, los venezolanos vivirán bajo la sombra y el temor constante de un nuevo apagón nacional.
