En contra la dirigencia opositora en el exilio, el ministro Diosdado Cabello cuestionó este miércoles la legitimidad de los venezolanos que han intentado acogerse a la Ley de Amnistía. Durante su programa Con el Mazo Dando, Cabello aseguró que la gran mayoría de estas peticiones carecen de sustento jurídico y son, a su juicio, una estrategia para evadir delitos comunes.
La lista de los 123: «Solo 27 tienen causa real»
Haciendo uso de sus habituales reportes de «patriotas cooperantes», Cabello reveló haber recibido un listado detallado con 123 solicitudes de amnistía provenientes de venezolanos fuera del país. Sin embargo, se apresuró a desestimar el grueso del grupo:
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Sin sustento: Afirmó que de los 123 casos, solo 27 presentan expedientes o solicitudes formales previas. «Lo demás es pura paja», sentenció.
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Dirigentes en silencio: Aseguró que varios líderes opositores de alto perfil ya han iniciado gestiones bajo cuerda para retornar al país amparados en este beneficio, aunque evitó revelar nombres específicos.
Descalificación y antecedentes
En un intento por despojar de carácter político a las solicitudes, el vocero oficialista vinculó a un sector de los peticionarios con la delincuencia común, utilizando un lenguaje peyorativo para invalidar su estatus de perseguidos.
«Hay 35 que tienen registro policial por choro, marihuanero o corrupto. Nadie te está persiguiendo… paga lo que debes, pero no te declares perseguido político», expresó Cabello, instando a los señalados a «asumir sus responsabilidades» ante los tribunales.
El condicionamiento: Presencia física ante la justicia
La advertencia final de Cabello fue clara: no habrá beneficios a distancia. Reiteró que cualquier trámite de amnistía exige que el solicitante regrese a territorio venezolano y comparezca ante los organismos correspondientes.
«Si quieren la ley de amnistía, que se pongan a derecho», subrayó, reforzando la postura del Ejecutivo de no otorgar salvoconductos sin previa presentación ante el sistema judicial actual.
Esta declaración surge en un momento de reacomodo institucional, donde la Ley de Amnistía se ha convertido en un punto de fricción entre las garantías exigidas por la comunidad internacional y el control que el chavismo mantiene sobre el aparato de justicia.
