En la víspera de un nuevo Día del Trabajador, el exgobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez, lanzó una dura crítica contra la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificando la situación salarial de los venezolanos como un plan deliberado de miseria y asfixia social.
El salario del hambre: 130 bolívares
Velásquez recordó que el país llega a mayo de 2026 con un salario mínimo que se mantiene «congelado en el tiempo»: 130 bolívares mensuales. Para el dirigente, la estrategia oficial de sustituir el sueldo por bonos discrecionales no es más que una trampa legal que despoja al trabajador de sus derechos contractuales.
“Los bonos no son salario; son migajas que no computan para prestaciones ni para un retiro digno. Es un fraude a la Ley del Trabajo ejecutado desde el poder”, fustigó Velásquez.
La tercera edad en el paredón económico
El punto más crítico de su denuncia se centró en la situación de los jubilados. Velásquez no escatimó en adjetivos al calificar el ingreso de los pensionados como una «medida de exterminio».
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Poder adquisitivo cero: Ante una inflación que no da tregua, los abuelos venezolanos han visto cómo sus años de servicio se reducen a un ingreso que no cubre ni un día de alimentación básica.
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Sentencia de muerte: El dirigente señaló que la falta de medicinas y la imposibilidad de costear la canasta alimentaria está empujando a la tercera edad a una crisis de supervivencia sin precedentes.
Más allá de la denuncia económica, el exgobernador elevó el tono político al apuntar directamente contra la gestión de Delcy Rodríguez. Velásquez exigió la salida inmediata de la mandataria encargada, responsabilizándola del fracaso de las políticas de recuperación y de la consolidación de la indigencia salarial en el país.
La declaración de Velásquez se suma al clima de tensión que impera en Venezuela este 1 de mayo, donde la brecha entre el discurso de «crecimiento económico» del Ejecutivo y el plato de comida del trabajador parece ser más profunda que nunca. Mientras el chavismo celebra caravanas, la oposición y los gremios ratifican que no hay «paz» posible sin salarios que cubran la vida.
