El diputado Julio Chávez (PSUV) acudió a la Fiscalía General de la República en compañía de un grupo de parlamentarios oficialistas para solicitar que se investigue a Leocenis García, presidente editor del periódico 6to Poder, por la supuesta comisión de los delitos de evasión fiscal, legitimación de capitales y defraudación tributaria.
El legislador aseguró que tiene pruebas de que García tiene una cuenta en una entidad bancaria con sede en Suiza, la Compañía Bancaria Helbética, en la que hasta el 10 de junio de este año mantenía un total de 3.775.498,87 dólares.
“En 2012 este ciudadano declaró al Seniat la suma de 164.640 bolívares y el pago de impuestos por 8.947,36 bolívares, pero a pesar de esta declaración hizo transferencia en dólares norteamericanos”, dijo.
Chávez sostuvo que García transfirió un total de 358.292,94 dólares mediante cinco transacciones. «A Enrique Peñaloza, dirigente político colombiano de la oposición, vinculado con el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, le transfirió 15.084,80 dólares”, indicó.
Chávez no informó cómo llegaron los documentos a la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional.
“Estos recursos fueron a parar a las arcas de movimientos de oposición que han generado desestabilización y al movimiento estudiantil de la derecha”, aseveró.
Mandadero. Horas después de las denuncias de Julio Chávez el editor García indicó que 6to Poder tiene cuentas internacionales, al igual que el resto de los medios de comunicación del país. «Tenemos el respaldo para justificar absolutamente todo. Esa denuncia es una gafedad, les vamos a entregar las cuentas de 6to Poder fuera del país. No tenemos dólares oficiales, ‘Señor Mandadero’ que envía Nicolás Maduro, porque cuando 6to Poder quiere acceder para comprar papel a los dólares de Cadivi nos rebotan las carpetas. Nosotros hacemos periodismo con las manos, con las uñas”, destacó.
García, en rueda de prensa, sostuvo que no lo amedrentarán con la cárcel ni con el cerco económico. «El Gobierno ha intentado meterme preso en reiteradas oportunidades. En Venezuela existe un grupo independiente que se ha posicionado frente al gobierno de Maduro, y, lamentablemente, está siendo perseguido.No nos hemos bajado los pantalones, y no nos lo vamos a bajar», señaló.
Desestimó las acusaciones sobre financiamiento a Álvaro Uribe y destacó que su conspiración es con los micrófonos. “A mí nada me es más placentero que digan que hemos ayudado a los estudiantes. 20% de ventas por papel que obtenga 6to Poder se lo vamos a entregar al movimiento estudiantil», añadió.
Retaliación. El coordinador de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, señaló como inconstitucional usar medidas judiciales como retaliación contra los medios de comunicación en el país. Mostró preocupación por que las acciones contra la prensa se han repetido Mérida, Carabobo, Falcón y Bolívar.
“Es inadmisible que se restringa la libertad de expresión a través de sentencias. En el caso de Bolívar se llegó al punto de que un empresario solicitó prohibir la difusión de procesos judiciales, que son públicos. Se utiliza la presunción de inocencia como coartada para restringir la libertad de expresión”, dijo.
Se refirió a la demanda interpuesta por el empresario Yamal Moustafá contra El Correo del Caroní luego de que el diario difundió las denuncias de Andrés Velásquez por una presunta red de corrupción en Bolívar. La periodista Clavel Rangel, que reportó la información, contó que la demanda de Moustafá contra Velásquez por difamación e injuria fue extendida al periódico.
Querella contra medios
La Comisión Nacional para la Protección de los Periodistas rechazó las descalificaciones de Yamal Mustafá contra Clavel Rangel y David Natera, periodista y director de El Correo del Caroní, por la publicación de información sobre corrupción. Exhortaron a los tribunales a desestimar la querella penal por el delito de difamación.
Luz María Camargo, jefa de información de La Mañana en Falcón, dijo que el martes se decidió que el periódico irá a juicio luego de la demanda de la Defensoría del Pueblo, por la publicación de imágenes de sucesos en las que presuntamente aparecerían niños durante 2012. Se solicitó como multa la cancelación del 2% del PIB del periódico en 2011.
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