La juez desestima la petición de que se eliminara ese cargo, que acarrea cadena perpetua, de la lista de delitos contra el autor de las filtraciones de Wikileaks

La juez responsable del proceso contra el soldado Bradley Manning, autor de las filtraciones de Wikileaks, ha desestimado la petición de su defensa de que se elimine el delito de ayuda al enemigo de la lista de cargos que pesan sobre él. El castigo por ese crimen acarrea la pena de muerte, pero el Gobierno ya ha indicado que no tiene previsto solicitar la pena capital para Manning, pero que sí pedirá, a cambio, la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En febrero de este año, el soldado Manning reconoció haber filtrado cientos de documentos clasificados a Wikileaks, pero se declaró inocente del delito de ayuda al enemigo. Su defensa arguye que cuando sustrajo los documentos y decidió desvelarlos no quiso, de manera deliberada, ayudar a Gobiernos extranjeros o grupos hostiles a EE UU, sin embargo, la fiscalía sostiene que con la publicación de los informes, Manning favoreció de manera indirecta a las cédulas de Al Qaeda en la península Arábiga.

Cuando la acusación cerró su turno de intervenciones a principios de este mes, la defensa de Manning presentó sendas mociones solicitando que se eliminaran los cargos por ayuda al enemigo y por fraude informático.

Este miércoles, la juez militar encargada del caso ha concluido que las pruebas aportadas por los letrados del acusado no son suficientes para suprimir esos delitos y ha desestimado ambas solicitudes.

La decisión de la juez implica la posibilidad de que Manning pueda ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que el delito de ayuda al enemigo es el único de los 22 por los que se juzga al soldado que contempla ese castigo -además de la pena de muerte-.

La estrategia de la defensa ha sufrido un revés este miércoles. Manning se ha declarado culpable únicamente de 10 de esos 22 cargos que se le imputan, delitos menores por los que el uniformado se enfrentaría a un máximo de 20 años. No obstante, el soldado reconoció durante su comparecencia en el tribunal el pasado febrero la posibilidad de ser condenado por el delito de ayuda al enemigo.

“¿Es consciente usted de que ya no hay posibilidad de que le encuentre no culpable, entiende eso?”, le preguntó entonces la magistrada. “Sí”, reconoció Manning.

Fuente: El País

El reportero de ‘El Imparcial’ había tenido un incidente con la policía hace tres meses

El periodista mexicano Alberto López Bello, de 28 años, fue brutalmente asesinado la madrugada de este miércoles en Oaxaca, al sur del país. El reportero cubría la nota policiaca para el periódico local El Imparcial y colaboraba con un programa de radio. Su cadáver fue encontrado con varios impactos de bala en un paraje a las afueras de la ciudad, junto a un riachuelo. “Buenas noches”, fue lo último que escribió en Twitter.

López había tenido un encontronazo con la policía en mayo que había llamado la atención de las organizaciones que se ocupan de velar por la seguridad de los periodistas. Fue detenido por policías federales cuando informaba sobre la aparición de una narcomanta, colocada supuestamente por el crimen organizado en un pueblito. Los agentes sospechaba de los informadores por haber llegado demasiado rápido al lugar pero un juez los dejó en libertad y determinó que la detención había sido ilegal.

El periodista Alberto López Bello.

“Tenía que ir a volver a declarar a la Procuraduría –fiscalía- esta semana sobre este caso”, cuenta una de las últimas personas que lo vio con vida, Sofía Valdivia, compañera de profesión en la estación Radiorama Oaxaca y novia en los últimos meses. Se despidió de Alberto pocas horas antes de que apareciese muerto junto a un amigo, un policía del área de inteligencia de la corporación local, los conocidos como ‘orejas’.

El periódico El Imparcial publicó una nota en la que relaciona directamente su muerte con el ejercicio de la profesión. “Demuestra la vulnerabilidad a la que están expuestos los comunicadores en su labor diaria para informar veraz y oportunamente a la ciudadanía”, se lee en el comunicado. El gobernador de la región, Gabino Cué, pidió que se valore el crimen como de “alto impacto” para que de las investigaciones se ocupe la fiscalía nacional.

Los esfuerzos del Gobierno por acabar con el asesinato de periodistas no está dando sus frutos. Desde que en junio de 2012 se aprobara la ley para la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas han sido asesinados cuatro reporteros y otros tres han desaparecido. “Hay una simulación del mecanismo de protección del que tanto alardea el Gobierno federal. En realidad no están haciendo nada”, opina Darío Ramírez, presidente de Artículo 19, que denuncia abusos e intimidaciones contra la libertad de prensa en México. Ramírez denunció hace meses que López Bello estaba amenazado y que las autoridades deberían protegerle. El resultado es demasiado evidente.

En este tiempo, nueve medios de comunicación, como El Siglo de Torreón, ha sido atacados con explosivos o armas de fuego. La organización que dirige Ramírez ha documentado 258 agresiones contra periodistas, de las cuales el 40% han sido perpetradas por funcionarios públicos. “Las cifras siguen al mismo nivel o incluso son más altas que en años anteriores. La ley no ha servido para nada, por ahora. La indefensión de la prensa sigue siendo la misma”, recalca.

Sofia Valdivia recuerda que el periodista oaxaqueño asesinado vigilaba sus espaldas. Se desplazaba por la ciudad en moto porque esquivaba el tráfico y pensaba que era un modo de huir más fácil que en coche.

Cuando estaban cenando en cualquier restaurante se sentaba de cara a la puerta. En Twitter se cambió uno de los apellidos. A diario cubría información delicada en una zona donde no operan los carteles de la droga de una manera tan cruenta como en otras partes del país pero sí donde sigue habiendo caciques locales que ejercen su poder como en el medievo. “Checaba siempre si lo seguían”, añade.

Apasionado del periodismo de investigación y de los intríngulis que rodean a los poderosos, López Bello vivía con su padre en un hotel que este regenta. Valdivía fue al paraje donde encontraron su cadáver y solo pudo reconocerlo por la ropa que traía puesta. Le habían dejado la cara desfigurada. “Era un excelente periodista de policiaca”, dice a modo de epitafio.

 Fuente: El País

«Los cubanos no vieron el riesgo en trasladar armas por ‘países amigos'» dijo un funcionario panameño

Las autoridades de Panamá han asegurado que las autoridades cubanas “no vieron” el riesgo que estaban ocasionando a “naciones amigas” por transportar un cargamento bélico “no declarado” de su propiedad a Corea del Norte en un barco que está retenido desde la semana pasada en aguas panameñas.

El ministro panameño de Relaciones Exteriores, Fernando Núñez Fábrega, aseguró en conferencia de prensa que “el problema de los cubanos es que quizá no vieron al principio el riesgo que estaban traspasando a otra nación. Estuvimos en diálogo con autoridades cubanas. Ellos simplemente quizá no vieron el peligro que estaban ocasionando a naciones amigas”.

En la capital panameña, Núñez Fábrega afirmó que “aquí no ha habido un problema entre Panamá y Cuba. El problema es que al mandar esa carga no declarada en una nave coreana, a través de las agua panameñas, obviamente se ha tenido que interceptar en cumplimiento” del mandato de la ONU.

Un análisis jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá reafirmó que, por las sanciones que la Organización de Naciones Unidas (ONU) impuso desde 2006 a Corea del Norte para que abandone su política nuclear, el Estado panameño estaba obligado a inspeccionar el buque norcoreano Chong Chon Gang en el que el lunes anterior fue descubierto el cargamento bélico propiedad de Cuba, que era llevado a ese país para ser reparado y devuelto a la isla.

El informe, del que este periódico tiene una copia, alega que la resolución 1718-2006 del Consejo de Seguridad de la ONU instó a todos los miembros del organismo mundial a inspeccionar la carga que circule “hacia o desde” Corea del Norte, entre otras medidas de cooperación para hacer cumplir las sanciones a Pyongyang por su desarrollo nuclear.

El Gobierno panameño había anunciado este miércoles que otorgaría visa a dos diplomáticos de Corea del Norte acreditados en Cuba para que viajaran a suelo panameño a ofrecer asistencia a los 35 tripulantes del barco Chong Chon Gang, todos norcoreanos y detenidos desde el sábado en una instalación naval en el Caribe bajo interrogatorio del Ministerio Público. Pero el propio Gobierno decidió más tarde revocar los permisos, debido a «declaraciones contraproducentes» de Pyongyang, afirmó a Efe una fuente oficial panameña.

Los anuncios coincidieron con la noticia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte ha pedido a Panamá que libere a la tripulación porque no llevaba a bordo drogas o un cargamento ilegal, informó Associated Press.

Un portavoz de la cancillería norcoreana, citado sin identificar por la agencia de noticias central norcoreana, dijo que “las autoridades panameñas atacaron, de manera apresurada, y detuvieron al capitán y a la tripulación de la nave con el pretexto de que estaban llevando a cabo una ‘investigación sobre drogas’, y [luego] hicieron una requisa del buque pero no descubrieron ningún tipo de droga”.

La carga, añadió, “no es más que el envejecimiento de armas, que [Corea del Norte] envía de vuelta a Cuba tras un reacondicionamiento de las mismas, de acuerdo con un contrato legítimo”. Panamá debe “dar un paso para que los tripulantes del buque detenido y su tripulación sean liberados sin demora”, recalcó el funcionario norcoreano.

En un comunicado emitido el martes, la cancillería de Cuba admitió que el armamento es de su propiedad. En el barco “se transportaban 240 toneladas métricas de armamento defensivo obsoleto-dos complejos coheteriles antiaéreos Volga y Pechora, nueve cohetes en partes y piezas, dos aviones Mig-21 Bis y 15 motores de este tipo de avión, todo ello fabricado a mediados del siglo pasado-, para ser reparado y devuelto a nuestro país”, precisó.

“Los acuerdos suscritos por Cuba en esta esfera se sustentan en la necesidad de mantener nuestra capacidad defensiva para preservar la soberanía nacional”, añadió, al reiterar su “firme e irrevocable compromiso con la paz, el desarme, incluido el desarme nuclear, y el respeto al Derecho Internacional”.

Pero el análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados de la cancillería panameña alegó que cuatro resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU promulgadas en 2006, 2009 y 2013 establecen sanciones a Pyongyang “para que abandone todas las armas nucleares y los programas nucleares existentes de manera completa, verificable e irreversible” y acate las obligaciones para la no proliferación de armas nucleares.

La resolución de 2006, recordó, determinó que todos los estados miembros de la ONU “deben impedir el suministro, la venta o la transferencia directo e indirectos” a Corea del Norte a través de sus territorios de todos los carros de combate, vehículos blindados, naves de guerra, aeronaves, sistemas de artillería de gran calibre, misiles o sistemas de misiles y piezas de repuesto, en un listado de armas convencionales y materiales.

En la de 2009, insistió, el Consejo exhortó a los integrantes de la ONU a “que inspeccionen”, en sus puertos marítimos, terrestres y aéreos, “toda la carga que esté destinada” a Corea del Norte o que “proceda de ese país”, en caso de que el Estado tenga “información que ofrezca motivos para creer que la carga contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación se prohíba” en las resoluciones previas del foro mundial.

Panamá invitó el martes a una comisión especializada del Consejo de Seguridad de la ONU para verificar que se cumplan las sanciones a Pyongyang y revisar el armamento. La cancillería panameña confirmó que “no se excluye” que en la misión haya técnicos de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Fuente: El País

Foto:  Interior de la nave norcoreana retenida en Panamá.

Consideró «declaraciones infames» sobre el país sudamericano de Samantha Power, nominada para ser embajadora de Washington ante la ONU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, exigió este jueves a Estados Unidos una «rectificación inmediata» ante lo que consideró «declaraciones infames» sobre el país sudamericano de Samantha Power, nominada para ser embajadora de Washington ante la ONU.

«Yo repudio, yo rechazo en todas sus partes las destempladas, injustas y además agresivas declaraciones de la embajadora Samantha Power contra Venezuela. Y pido una rectificación inmediata del gobierno de Estados Unidos por estas declaraciones infames», dijo Maduro, con tono encendido, durante un discurso público en el estado de Monagas (noreste).

Power, designada por el presidente estadounidense, Barack Obama, para ser embajadora ante la ONU, dijo el miércoles que, de ser confirmada, luchará contra la «represión» que, a su juicio, se registra en Venezuela, Cuba, Irán y Rusia.

«¿Qué represión hay en Venezuela señores? Represión hay en Estados Unidos (…) que persigue a un joven llamado Edward Snowden por decir la verdad y lo persiguen en el mundo entero», dijo Maduro, visiblemente molesto.

Snowden es el experto en informática de 30 años que trabajó para los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que reveló en junio pasado un amplio programa del gobierno estadounidense para espiar a nivel mundial.

Maduro ha sido uno de los dirigentes que más ha defendido a Snowden y el pasado 5 de julio le ofreció formalmente asilo, al igual que hicieron Nicaragua y Bolivia.

«Y entonces sale esta embajadora recién designada, Samantha Power, a declarar contra nuestro país, a arremeter contra nuestra patria», añadió Maduro, al señalar que es no posible «creer más en un gobierno imperial como el de Estados Unidos».

Los gobiernos de Caracas y de Washington, sin embajadores desde 2010, han hecho gestos en los últimos meses para normalizar sus relaciones, pero el caso Snowden ha venido a endurecer el discurso en ambas administraciones.

«¿Qué buenas relaciones quieren tener?», añadió Maduro al cuestionar la voluntad de Estados Unidos en el proceso de diálogo.

Snowden permanece en un aeropuerto de Moscú desde el pasado 23 de junio y ha pedido asilo a Rusia en la espera de poder viajar posteriormente a algún país de América Latina.

Estados Unidos, el primer socio comercial de Venezuela, al que le compra unos 900.000 barriles de petróleo diarios en efectivo, ha advertido que habrá «graves dificultades» en las relaciones con el país que reciba a Snowden.

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