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Personal de la Fiscalía de la CPI ya estaría en Caracas

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Personal de la Fiscalía de la CPI ya estaría en Caracas

El directivo de Provea, Marino Alvarado, aseguró que parte del personal de CPI ya llegó al país. El organismo internacional tiene planeado instalar una oficina de trabajo en la capital venezolana. La Sala de Apelaciones de la CPI decidirá el 1 de marzo si se continuarán investigando los crímenes de lesa humanidad en Venezuela

 

 

 

Funcionarios de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) se encontrarían en Venezuela para instalar una oficina de trabajo, según informó el coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado.

 

 

 

 

Según Efecto Cocuyo, el dirigente de Provea aseguró que ni el Gobierno nacional ni tampoco la CPI han confirmado la llegada de los trabajadores a Caracas.

 

 

 

 

“Parte de su personal se encuentra en Caracas y aunque el gobierno ni la CPI lo ha hecho público sí sabemos que hay presencia de algunos funcionarios de la oficina de la Fiscalía en Caracas. Es posible que próximamente eso se haga público”, explicó Alvarado.

 

 

En junio de 2023, el fiscal de la Corte, Karim Khaninformó sobre la apertura de una oficina de trabajo en la nación criolla, como parte del proceso de colaboración en medio de la investigación contra el Gobierno nacional.

 

 

 

Tampoco se sabe cuál será la reacción que tendrá el Ejecutivo venezolano ante la instalación de la oficina de la CPI, luego de la suspensión y expulsión de los 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en Venezuela (Oacnudh).

 

 

 

Sobre la situación con la ONU, el coordinador de exigibilidad de Provea aseguró que la decisión “afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables de la población y particularmente tiene un impacto contra los comités de víctimas”.

 

 

El fiscal general de la República, Tarek William Saabacusó a la oficina de las Naciones Unidas de inmiscuirse en investigaciones con el fin de “desvirtuarlas”, además de calificar como “desaparición forzada” el arresto de la activista Rocío San Miguel.

 

 

El próximo 1 de marzo, está pautado que la Sala de Apelaciones I de la CPI decida sobre la apelación que hizo el Gobierno de Nicolás Maduro para que no sigan las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad en el país.

 

 

 

 

 

VF

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