La persecución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, órgano legítimo por su origen y por la limpieza de sus ejecutorias, ha llegado a extremos que solo se observan en sistemas autoritarios que se caracterizan por el desenfreno. Los allanamientos ordenados en las residencias y en las oficinas particulares de quienes ahora están en exilio forzado, nos ponen ante la realidad de una tiranía desembozada.
Como se sabe, los magistrados electos por la Asamblea Nacional tuvieron que salir urgentemente del territorio nacional, porque se había ordenado su captura como si se tratara de la búsqueda de delincuentes comunes que acababan de realizar una fechoría. Se movió cielo y tierra para encerrarlos en la cárcel, por el solo hecho de haber ofrecido sus credenciales para integrar la cúpula de la justicia que debían restaurar, con todas las de la ley, los representantes de la soberanía nacional. Uno de ellos fue sometido al escarnio de una prisión inhumana, pero el resto pudo salir al exilio.
Ya en el ostracismo y en medio de inmensas privaciones, los magistrados han tratado de cumplir las obligaciones de su cargo, a través de actos llevados a cabo públicamente y ajustados a derecho. El más importante de ellos, solicitar el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro por un supuesto delito de corrupción administrativa que fue admitido por la abrumadora mayoría de la Asamblea Nacional.
Con la cara en alto, sin ocultamientos y acatando los procedimientos habituales en un sistema democrático como el que se anuncia en la Constitución y en los códigos adecuados, mantienen una conducta decorosa que debe enorgullecernos como venezolanos.
Indignado por lo que entiende como una tropelía, el dictador no ha cesado de perseguirlos, hasta llegar a extremos de grosería que deben aumentar la preocupación por el destino del republicanismo en una comarca cada vez más alejada de los equilibrios que garantizan una existencia digna.
Ha ordenado el allanamiento en el país de los hogares de los magistrados que viven en el exterior, partiendo de la excusa de los supuestos planes de subversión o de extralimitación legal que pudieron olvidar en su acelerada escapatoria. Así lo hemos presenciado, en medio de gigantesco y comprensible estupor.
Ahora no se persigue a los protagonistas de una hazaña digna de respeto, tratados como felones, sino también a sus familiares. Sus habitaciones fueron allanadas sin orden judicial, para buscar y rebuscar lo que solo pueden encontrar en los rincones de una imaginación pervertida. Sus parientes y allegados fueron sometidos a vejaciones evidentes, solo por el hecho de formar parte del círculo más cercano de unos ciudadanos honestos y comprometidos con el destino de la patria.
Lugares habitados por personas normales que viven su rutina apegadas a los principios de la civilidad, fueron considerados como escondrijos de los miembros de una pandilla de hampones que debe someterse a redadas intempestivas y escandalosas. No deja de llamar la atención el hecho de que, mientras suceden estas persecuciones por motivos políticos, se llame a votar como si todo marchara dentro de la normalidad.
Editorial de El Nacional
