El abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la líder opositora María Corina Machado, denunció este viernes que la reciente resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los tribunales especializados en terrorismo no detiene la persecución política en Venezuela, sino que constituye un «artificio organizativo» diseñado para disfrazar el sistema represivo.
A través de sus redes sociales, el jurista cuestionó la decisión del máximo tribunal de suprimir los juzgados de control con competencia en terrorismo para transferir dichas atribuciones a los tribunales penales ordinarios. Rocha advirtió que la medida se ejecutó sin una base legal que la autorice y criticó severamente que los cuatro tribunales especializados mantendrán la jurisdicción sobre las causas actualmente en curso.
Para el abogado, mantener la vigencia de estos juzgados en los procesos pendientes prolonga las violaciones sistemáticas al derecho a la defensa y vulnera de forma directa el principio del juez natural, el cual garantiza que toda persona sea procesada por un tribunal preestablecido por la ley y no por instancias seleccionadas de manera arbitraria.
Rocha enfatizó que la actuación apegada a la Constitución exigía la declaración de nulidad absoluta de todos los procesos penales por presunto terrorismo instrumentados contra dirigentes, opositores y ciudadanos que cuestionaron los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
A juicio del asesor jurídico, la negativa de las autoridades judiciales a anular estas actuaciones responde a un cálculo político para protegerse. En su pronunciamiento, enumeró tres razones fundamentales que explican esta postura:
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Evitar la admisión de una ruptura constitucional: Declarar la nulidad de los expedientes supondría un reconocimiento oficial de las graves vulneraciones al ordenamiento jurídico nacional.
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Encubrir responsabilidades penales: Aceptar las irregularidades procesales abriría el debate y la exigencia de investigar a los funcionarios que impartieron, ejecutaron o acataron órdenes inconstitucionales.
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Eludir futuras reclamaciones judiciales: Las autoridades asumen que no tendrán que responder patrimonial ni penalmente por las violaciones a los derechos humanos y procesales.
«Ellos juegan a que aquí nunca habrá una República que les reclame ni demanden los graves daños que han causado. Se equivocan», sentenció Rocha al cierre de su declaración, como una advertencia sobre las consecuencias legales que deberán enfrentar los responsables del sistema judicial en el futuro.
