Venezuela se encuentra en un punto de inflexión histórico tras la deposición del régimen de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Lo que hoy se mantiene en Caracas no es un gobierno soberano, sino una administración residual y tutelada encabezada de forma coyuntural por Delcy Rodríguez. Ante este escenario inédito, la urgencia de reconstruir la nación impone debates de fondo sobre el camino a seguir.
El centro de la discusión política actual radica en la instrucción del tutor internacional de renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). No se trata de una búsqueda apresurada de “justicia inmediata”, sino de la necesidad imperiosa de desmantelar el actual “TSJ del horror”, una estructura que ha servido de brazo ejecutor del autoritarismo y que hoy representa el principal obstáculo para atraer las inversiones internacionales masivas que la economía nacional exige a gritos.
La propuesta sobre la mesa plantea la conformación de un nuevo TSJ cuyos integrantes actúen como “Magistrados Bisagra”. Su función sería provisional pero vital: articular política y jurídicamente el presente bajo tutela con un futuro plenamente democrático. Este tribunal temporal no solo debería brindar certezas y garantías jurídicas a los inversores, sino también asumir la tarea prioritaria de recomponer el tejido institucional deshecho para conducir, con carácter de urgencia, a elecciones libres y transparentes.
Sin embargo, esta ruta no está exenta de contradicciones ni de claros y oscuros. La verdadera justicia requiere institucionalidad y libertad, dos condiciones que aún no se han restablecido plenamente. Si bien la intervención de una fuerza externa legítima responde a un anhelo popular previo al 3 de enero, la estrategia elegida presenta dilemas tácticos. La lógica democrática dictaría que lo prioritario debió ser convocar al pueblo soberano a las urnas para elegir un liderazgo legitimado que luego acometiera la reforma judicial, permitiendo desprenderse de inmediato de la administración interina ad hoc.
A pesar de estas discrepancias estratégicas, el pragmatismo se impone: no hay tiempo que perder. Oponerse a la ruta judicial adoptada solo dilataría el cambio. La responsabilidad de los distintos sectores de la sociedad civil y política es participar activa y críticamente, aportando opiniones, orientando el proceso y exigiendo resultados.
La crisis en Venezuela es absoluta y no admite más demoras. Cada hora que transcurre sin concretar la transición política por la que el pueblo venezolano se expresó de forma contundente el 28 de julio de 2024 —y que le fue vilmente arrebatada— se traduce de manera trágica en más miseria y pérdida de vidas. La justicia que viene debe ser la puerta de entrada definitiva hacia el renacer republicano.
