La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) denunció ante la comunidad internacional «la política de agresión sostenida» por el Gobierno de los Estados Unidos, a través de medidas «coercitivas unilaterales e ilegales, decisiones judiciales y otras medidas de carácter restrictivo y punitivo, que han traído como resultado la pérdida de valor de los activos de PDVSA y el de sus filiales en el extranjero».
En ese sentido, indicó en un comunicado que las acciones emprendidas por EEUU, «en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de activos de PDVSA y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano».
«PDVSA advierte que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a PDVSA y/o cualquier entidad en la que PDVSA tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado y/o ejecutado con fundamento en la Licencia General 42 emitida en fecha 1 de mayo de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o en cualquier otra licencia general o especifica, o decisión derivada de cualquier órgano o entidad extranjera, o Poder Público extranjero, es nulo e ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional. Por lo que no será reconocido, ni tenido como válido por PDVSA o sus filiales», enfatizó.
A continuación, el comunicado íntegro:
Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) denuncia ante la comunidad internacional la política de agresión sostenida por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, decisiones judiciales y otras medidas de carácter restrictivo y punitivo, que han traído como resultado la pérdida de valor de los activos de PDVSA y el de sus filiales en el extranjero, así como la imposibilidad de generar acuerdos que permitan el normal desarrollo del crecimiento de la compañía, limitando su capacidad de pago, entre otros efectos perniciosos. Estas acciones inaceptables del gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos extremistas de la política venezolana, han conducido al saqueo y destrucción de activos de PDVSA y sus filiales, generando, además, un perjuicio económico y social para el pueblo venezolano.
PDVSA advierte que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a PDVSA y/o cualquier entidad en la que PDVSA tenga participación accionaria, que sea negociado, celebrado y/o ejecutado con fundamento en la Licencia General 42 emitida en fecha 1 de mayo de 2023 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, o en cualquier otra licencia general o especifica, o decisión derivada de cualquier órgano o entidad extranjera, o Poder Público extranjero, es nulo e ilegal bajo las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y conforme al Derecho Internacional. Por lo que no será reconocido, ni tenido como válido por PDVSA o sus filiales.
En particular, rechazamos categóricamente y desconocemos completamente la fraudulenta enajenación de la participación accionaria de PDVH en CITGO, a través de un ilegal procedimiento de venta concertada a merced de los intereses del gobierno norteamericano, en el caso Crystallex International Coporation contra la República Bolivariana de Venezuela, ventilado ante el Tribunal del Distrito de Delaware, en los Estados Unidos de América, sin la intervención de los representantes legítimos de la República, o de las entidades PDVSA, PDVH o CITGO, violando normas básicas de Derecho Internacional y desviando la justicia norteamericana a la satisfacción de intereses económicos de ciertos grupos políticos.
PDVSA ha defendido y continuará defendiendo sus derechos del expolio que el gobierno de los Estados Unidos de América, en complicidad con grupos de la extrema derecha venezolana, intenta contra la principal industria del país.
Caracas, 1 de mayo de 2023.
El Nacional