El Partido Comunista de Venezuela repudió esta semana las detenciones, que considera «arbitrarias», ejecutadas en las últimas semanas por organismos de seguridad del Estado contra ciudadanos que «ejercen actividades políticas públicas en oposición al actual Gobierno».
Según el PCV, dichas detenciones, entre las que destacó como una de las «más graves» la de la activista Rocío San Miguel, conllevan «graves vulneraciones a las garantías constitucionales, al no haber «permitido comunicación inmediata con su abogado y sin que, por varios días, existiera información cierta de su sitio de reclusión ni de su estado de salud».
La formación política subrayó que estas actuaciones contravienen lo establecido «expresamente en la expresamente en la Constitución de la República, en su artículo 44, numeral 2°».
Explicó que, más allá de las «profundas diferencias ideológicas y políticas del PCV con la ciudadana mencionada», para los comunistas venezolanos es «repudiable» toda privación de libertad «que vulnere las garantías constitucionales y legales que regulan el Estado de Derecho».
El PCV recordó que estás prácticas, que han sido «históricamente enfrentadas» por la formación, «se vienen aplicando contra dirigentes sindicales y trabajadores en general, por ejercer luchas laborales o denunciar hechos de corrupción».
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