22.759. Ese es el número de venezolanos que hoy se encuentran recluidos en comisarías y puestos militares, según el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien denunció que esa cifra no solamente la componen personas que se encuentran a la espera de ser enjuiciados sino que también hay condenados, algo que tachó de inaceptable.
“No podemos aceptar como Estado democrático que eso ocurra y no haya una solución inmediata, o que estén procesados que no hayan sido llevados a audiencia durante muchísimo tiempo, personas que pudieran tener una afectación de salud bastante delicada”, afirmó luego de una reunión que sostuvo con representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio de los Servicios Penitenciarios y la Fuerza Armada Nacional para abordar el tema y buscarle soluciones.
Aunque Saab no precisó la cifra de personas condenadas que no están en las cárceles cumpliendo su pena sino en calabozos policiales, fuentes del sistema de justicia aseguraron que el número supera los 3 mil.
Tras aseverar que han constatado que hay personas privadas de libertad en cuarteles militares, el responsable de velar por los Derechos Humanos de todos los venezolanos dijo que “hemos realizado más de 900 inspecciones a estos centros policiales en todo el país; a partir de ahí, hicimos un estudio que determinó (…) que el hacinamiento podría agravarse aún más si no se resuelve de manera temprana, abordada de forma integral, con el apoyo incondicional del sistema de justicia”.
Saab detalló que los 22.759 detenidos que están en comisarías y cuarteles, 13.314 están recluidos en policías regionales, 4.149 en calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), 4.049 en distintas sedes de la Policía Nacional y 1.247 en policías municipales.
En el Ministerio Público y el TSJ denuncian que esta situación incide en la criminalidad, porque «hay muchos agentes que en lugar de estar en las calles combatiendo el crimen, realizando labores de prevención o investigando delitos deben quedarse vigilando presos».
La situación expuesta por el Defensor viola lo dispuesto en el artículo 272 de la Constitución, el cual establece:
«El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus Derechos Humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico».
El Universal
