Reclamar por sus derechos dentro de una cárcel se ha convertido en una sentencia para las personas privadas de libertad, quienes son fichadas por funcionarios del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y sometidas a golpes y aislamiento como métodos de castigo.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recibió graves denuncias provenientes del Centro Penitenciario para Procesados 26 de Julio, en el estado Guárico, y del Internado Judicial Rodeo II, en el estado Miranda. Testimonios de reclusos y familiares relataron cómo los directores de estos recintos presuntamente utilizan bates para agredir físicamente a la población reclusa.
Esta práctica deshumanizante ha provocado lesiones de gravedad y estaría relacionada con el presunto fallecimiento de un ciudadano que se encontraba bajo custodia del régimen.
El pasado 26 de agosto denunciamos el fallecimiento de Carlos Eduardo Padilla, quien permanecía recluido en la cárcel 26 de Julio. Aunque las autoridades penitenciarias reportaron su deceso en un centro hospitalario como consecuencia de complicaciones de salud, el OVP recibió una versión muy distinta sobre las circunstancias que habrían provocado su muerte.
Según las denuncias recibidas, el pasado 23 de agosto una comisión del Grupo de Respuesta Inmediata y Custodia (GRIC) llegó al recinto para realizar una requisa en el penal. Para ello, los funcionarios sacaron a los privados de libertad de sus celdas.
Carlos fue uno de los reclusos que alzó su voz para reclamar que estos operativos suelen implicar la destrucción y pérdida de sus pertenencias personales, adquiridas con inmenso sacrificio por sus familias. Su reclamo fue respaldado por otros compañeros y, ante esta situación, el director del centro penitenciario, Marcer González, presuntamente arremetió a golpes contra los internos utilizando un bate.
Según los testimonios recibidos por el OVP, la golpiza que presuntamente recibió Carlos le habría causado la muerte. Otro interno sufrió una herida abierta en la cabeza, que fue suturada dentro del mismo penal, para posteriormente ser recluido en la celda de aislamiento conocida como “el tigrito”.
Actualmente, este privado de libertad se mantiene totalmente aislado y sin atención médica. Es por ello que los reclusos de la cárcel 26 de Julio temen que pueda morir al igual que Carlos, pues aseguran que lleva más de una semana encerrado y solo logran escucharlo cuando se queja de dolor, precisaron al OVP.
Una situación similar fue denunciada el 1 de septiembre en el Internado Judicial Rodeo II. Tras un reclamo colectivo por las deplorables condiciones de reclusión, el director del centro, José Luis La Rusa, presuntamente golpeó con un bate de aluminio a un grupo de personas privadas de libertad, dejando al menos 20 internos heridos en distintas partes del cuerpo.
Los maltratos se repitieron durante la noche del 3 de septiembre y más privados de libertad fueron confinados en celdas de castigo.
Desde el OVP consideramos sumamente graves estos hechos y, especialmente, que los señalamientos recaigan directamente sobre quienes dirigen ambos centros penitenciarios. Los directores son precisamente los funcionarios responsables de mantener el control y garantizar la vida e integridad de cada persona privada de libertad que se encuentra bajo su custodia. Resulta inadmisible que quienes tienen el deber de protegerlos sean señalados por reclusos y familiares como sus presuntos agresores.
Las denuncias de tratos crueles y la presunta muerte de un privado de libertad como consecuencia de una golpiza no pueden ser ignoradas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Pedimos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que envíen de inmediato comisiones a ambos centros penitenciarios e inicien investigaciones penales y administrativas exhaustivas e imparciales contra los funcionarios denunciados por reclusos y familiares.
Asimismo, el Gobierno debe ordenar el cese inmediato de los aislamientos, garantizar asistencia médica de emergencia para los heridos y asegurar la destitución e inhabilitación de los funcionarios involucrados en estas gravísimas violaciones a los derechos humanos.
No se puede permitir que este tipo de hechos continúe ocurriendo dentro de los recintos penitenciarios. Por ello, una vez más, pedimos la intervención del Ministerio de Servicios Penitenciarios y la destitución de Julio García Zerpa de su cargo, como responsable de la desatención institucional del sistema penitenciario venezolano.