La ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.101 protestas durante septiembre de 2026, de las cuales 531 fueron contra cortes y problemas relacionados con el servicio eléctrico, según un boletín difundido este miércoles.
“Los cortes prolongados y las fluctuaciones de voltaje afectaron las actividades productivas, operatividad del sistema de agua potable, la conservación de alimentos y medicamentos, el funcionamiento de equipos domésticos”, detalló la organización.
Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado. La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno asegura que el problema es por las sanciones, el fenómeno climático El Niño y supuestos sabotajes.
El OVCS indicó que el total de septiembre de 2026 equivale a 37 protestas diarias en promedio y que la cifra total representa un aumento de 489 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando registró 187 manifestaciones.
Otro de los motivos de las protestas del pasado septiembre fue por reclamos laborales y pensiones dignas en Venezuela, donde el salario mínimo es de centavos de dólar al mes, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV).
En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos que no tienen incidencia en beneficios laborales y que actualmente suman 240 dólares, depositados en bolívares a la tasa del BCV.
Gremios de maestros, líderes sindicalistas y organizaciones no gubernamentales realizan constantes protestas y llamados para exigir que el Estado aumente el salario mínimo, que sirve de base para estipular sueldos en el sector público.
Una familia en Venezuela de cinco personas necesitó en septiembre 761,35 dólares solo para gastos de alimentación, un aumento del 0,79 % con respecto a agosto, cuando el costo de la canasta fue de 755,36 dólares, según cálculos difundidos este miércoles por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación de Maestros.
Por su parte, el chavismo y un sector de la oposición acordaron este miércoles iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.
Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente “lo inherente al proceso de inhabilitaciones” políticas.
Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado -quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado- y que pueda regresar a su país para poder participar en eventuales elecciones.
Ni Machado ni el líder opositor Edmundo González Urrutia participan directamente en estas negociaciones. Sin embargo, han dicho que esperan que estas conversaciones logren un “cronograma electoral presidencial oportuno”. EFE
