La ley de Amnistía—aunque oculta acomodos a la propia coalición aun dominante—es un instrumento que le dará base sustantiva a la Casa Blanca para exigir inmediatez en la liberación de presos políticos
En el debate venezolano persiste una premisa tan seductora como peligrosa: la idea que la caída de un régimen criminal además de autoritario debe conducir de manera inmediata, automática, al restablecimiento pleno del Estado de derecho, la vigencia integral de los DDHH, la instalación democrática y la sustitución total de las élites del antiguo poder. Qué más quisiéramos. Pero las cosas no pasan como uno las desea, sino como las ordenan las circunstancias.
Esta narrativa—aunque normativamente atractiva—no resiste el contraste con la historia ni con la teoría política comparada […] Las transiciones no son idealistas, esto es, una transición que rompe con el antiguo régimen a “mesa limpia”, sustituyendo el mal por el bien o el autoritarismo por la institucionalidad democrática, ipso iure.
El problema no es lo que aspiramos sino su desconexión con la naturaleza real de las transiciones desde un poder criminal inédito, que controla territorio, economía, FFAA y redes internacionales ilícitas.
El tema no es ‘hágase el estado’ y por arte de magia, emerge la ética, el derecho, la justicia y la paz. Antes toca desarrollar una fase de autoridad y reforma bajo control coercitivo y de mando que garantice orden y obediencia. A eso fue la Sra. Laura Dogu a Venezuela. Más que una Jefa de Misión Diplomática de EEUU, es la verdadera Jefa Interina. Eso lo llaman realpolitik.
La transición no es un acto moral, es un proceso de poder.
La historia enseña otra cosa. Las transiciones reales no comienzan con el estado de derecho; terminan aspirando a él y consagrándose, después de un largo proceso de purga y decantación.
Decantar el poder criminal en procura de una restauración institucional no es tema de “soplar y hacer botellas”. Mucho daño le hacen a Maria Corina quienes manejando una narrativa crítica a la Casa Blanca, venden como ingrávidas pompas de jabón, la instalación de derechos; Edmundo, Machado y democracia. Con qué alas vuela el jilguero decía el poeta [sic]—!¡Con el voto del pueblo! me responderían. A ellos les digo: está dispuesto el pueblo a inmolarse—una vez más—por la defensa de ‘La Constitución’ o a salir a trabajar—con seguridad—por la vida, por sus hijos, por su estómago?
Reeditar historias de peleas desiguales—aun con un régimen amenazado y asustado—no genera obediencia popular. La república saneada viene, pero antes es necesario un inevitable proceso de síntesis y reducción.
Uno de los errores conceptuales más frecuentes consiste en equiparar transición política con la restauración inmediata del orden constitucional. En Venezuela primero se deben dar las condiciones para un proceso real de relegitimación de los poderes, que arrancará con un proceso constituyente. Pero antes es necesario rehabilitar a una sociedad desmembrada devolviendo la esperanza con libertad sí, pero también con luz, comida, agua, trabajo y medicinas. La normalización del estado no se decreta.
La literatura clásica de la “tercera ola” de democratización—Samuel P. Huntington—ya advertía que la transición no es la democracia, sino apenas el tránsito desde un régimen hacia otro, cuyo desenlace no está garantizado. Huntington fue explícito: “Muchas transiciones fracasan, se estancan o derivan en híbridos autoritarios. La democratización no es un destino inevitable, sino una posibilidad condicionada por correlaciones de poder, pactos élite y control efectivo del aparato coercitivo del Estado”.
La Jefe de Misión Diplomática de EEUU en Venezuela—la Señora Laura Dogu—fue al país a poner sobre la mesa su Table d’Hôte, su mesa servida, para que se paren y dejen de comer cuando ella disponga.
No es un asunto ético: es poder, control y autoridad [realpolitik].
Thomas Carothers—uno de los grandes críticos del “paradigma de transición”—fue todavía más contundente: “el supuesto de que todos los regímenes autoritarios “transitan” hacia la democracia liberal es una ilusión normativa”. En la práctica, la mayoría de los países quedan atrapados en zonas grises donde conviven instituciones formales con prácticas autoritarias heredadas.
Venezuela no es la excepción, es un caso extremo. Y ese es el desafío: lograr un cambio real desde un estado ausente y criminal a un estado democrático, sin morir en el intento por creer cándidamente que los derechos se restauran a partir de silogismos de cuatro patas [falaces].
En el realpolitik, la vida y el poder tienen otro guión. Hay variables o hipótesis que no aparecen en los libros de Harvard o Columbia…como capos de droga, carteles o grupos terroristas convertidos en amos y señores de los poderes públicos. Poco o nada sobre este supuesto puede leerse en Linz [Dinámicas de quiebre y consolidación democrática]; O’Donell [Democracias delegativas]; Alfred Stepan [Rol del estado y militares en procesos de transición] o Dankwart Rustow [Transitions to Democracy].
Si invito revisar las lecturas de Laureano Vallenilla Lanz, y su Cesarismo Democrático [ideal del gendarme necesario]; Margarita Lopez Maya [investigadora sobre el chavismo]; Elizabeth Burgos [Historiadora, antropóloga, detractora del régimen cubano] o Javier Corrales [How Venezuela Transitioned to Authoritarianism].
El poder en Venezuela fue vaciado de moral pública y de control institucional. La primera tarea—por imposible—no es una ruptura y mesa limpia con el régimen que se apoderó del Estado. El primer acto es la recuperación de la autoridad y el respeto a un orden superior, al cual temerle si se equivocan o desobedecen.
El chavismo tardío—especialmente en su fase madurista—no es sólo un régimen autoritario. Es un ecosistema de poder criminalizado, donde confluyen: control militar del territorio, economías ilícitas (oro, narcotráfico, contrabando); captura del aparato judicial, redes transnacionales de evasión y financiamiento y una lógica de supervivencia que no reconoce límites institucionales. Pretender que un sistema así se disuelve mediante una proclamación de legitimidad constitucional es confundir legalidad con poder real.
La libertad de los presos políticos no está fuera de la fase de estabilización sugerida por EEUU. Tampoco el ‘Table d’hôte’ excluye la protección de los derechos de propiedad o la erradicación de la persecución política.
La ley de Amnistía—aunque oculta acomodos a la propia coalición aun dominante—es un instrumento que le dará base sustantiva a la Casa Blanca para exigir inmediatez en la liberación de presos políticos, regreso a casa de exiliados e incluso, participación de la oposición en funciones del poder público. Que no emerja impunidad, por supuesto es el fin. De ello ya se encargarán las instituciones, los ciudadanos y sobre todo, las víctimas, en una Venezuela reconstituida.
Max Weber advirtió hace más de un siglo que el Estado se define por el monopolio legítimo de la coerción. Cuando ese monopolio es capturado por una red criminal, la legitimidad sin control es simbólica, no operativa. De allí surge una verdad incómoda: existen autoridades legítimas que no controlan el Estado, por lo que exigirles resultados institucionales plenos equivale a condenarse al fracaso. El primero en comprenderlo, es el líder.
La historia real de las transiciones: pactos, coexistencia y ambigüedad
Las transiciones exitosas del siglo XX y XXI no fueron limpias, rápidas ni moralmente puras. En España la transición pactada—posterior a 1975—es frecuentemente idealizada, pero fue todo menos rupturista. El franquismo no fue desmontado de inmediato. Se transformó desde adentro. Las élites administrativas, militares y judiciales permanecieron en gran medida intactas durante años. El llamado Pacto del Olvido no fue una claudicación moral, sino una decisión estratégica para evitar una recaída en la guerra civil.
No sugiero un pacto del olvido. Los tiempos son otros. Lo que queremos subrayar es que los actos de justicia no se ejecutan en un movimiento sino se edifican en varios tiempos, donde los derechos emergen, se solapan y se consagran, progresivamente.
En Chile Augusto Pinochet se fue, pero no se fue del todo. El dictador abandonó la presidencia en 1990, pero conservó el mando del Ejército y luego un escaño vitalicio en el Senado. La transición chilena fue negociada, gradual y profundamente imperfecta, pero evitó el colapso económico y la violencia estructural.
En Sudáfrica la verdad y la justicia fue una victoria a medias. Nelson Mandela entendió algo esencial: sin coexistencia con sectores del antiguo poder blanco, Sudáfrica se incendiaba. La Comisión de Verdad y Reconciliación no fue justicia plena; fue justicia posible.
Mandela tuvo que negociar con el partido blanco, apoyado por agentes externos. Hoy el agente externo—EEUU—ni negocia ni delega.
No es negar los DDHH. Es saber que la estabilidad precede a la justicia por lo que sin orden no hay derecho.
Reconocer que los DDHH son prioritarios no implica garantizarse desde el día uno, porque su acatamiento supone depurar los quiebres internos. Esta es la tensión central que el discurso idealista se niega a admitir. Ya lo dijo Rubio. El poder no se cocina a voluntad y en minutos, como en un microondas.
Hannah Arendt advertía que los derechos, en ausencia de un marco estatal funcional, se convierten en abstracciones. Los DDHH requieren Estado y el Estado requiere control territorial, coerción legítima y estabilidad económica mínima.
En Venezuela, una “caída y mesa limpia” del régimen—sin orden, sin coexistencia, sin gradualismo—abriría un vacío de poder con alto potencial de violencia, fragmentación armada y colapso económico. El caos no es una fase moralmente superior; es el terreno fértil del autoritarismo peor.
Aquí emerge la crítica al presidente Donald Trump —y por extensión, a la línea Rubio—por haber tolerado, negociado o instrumentalizado actores del régimen no-democrático venezolano. Pero esta crítica parte de un error conceptual: la realidad política no es moralista o normativista; es posibilista.
Hans Morgenthau lo explicó con crudeza: la política internacional no se rige por postulados absolutos sino por la gestión del poder y la prevención de males mayores. Kissinger—heredero de esa tradición—fue todavía más claro: “Order precedes justice. Justices has meaning only within an established framework of order. [La estabilidad precede a la justicia; sin orden, no hay derecho].
Desde esta óptica EEUU no legitima ni real ni moralmente al régimen de Caracas, sino que lo controla y lo dirige para alcanzar una transición sostenible que no sea saboteada.
Trump–Rubio: pragmatismo duro frente al mito de la transición instantánea que es un salto al estancamiento eterno.
La política hacia Venezuela en la nueva era [Trump] marca un giro de la retórica maximalista a una gestión pragmática del conflicto. Marco Rubio entendió que el régimen no caería por colapso interno, que las sanciones son un instrumento más y que la transición es posible [en Venezuela] imponiendo una fase inicial de estabilización y orden.
Esta visión no supone absolver crímenes ni renunciar a la justicia transicional. Venezuela no enfrenta una transición épica, moralmente satisfactoria y fundacional. Enfrenta una transición sucia, difícil, incompleta y estratégicamente disruptiva y atípica. No entenderlo supone un salto al estancamiento perpetuo.
Exigir una transición perfecta es paradójicamente, garantizar la no transición. La historia demuestra que los regímenes criminales no se disuelven por exhortación ética, sino por reconfiguración gradual del poder, pactos incómodos y coexistencias temporales. La justicia no desaparece; se difiere. El derecho no se abandona; se reconstruye.
La transición venezolana no fracasará por falta de legitimidad, sino por exceso de purismo. La política no es un tribunal; es una ingeniería de poder. Como escribió Raymond Aron, la historia no juzga intenciones, juzga consecuencias y ya lo dijo Kissinger.
Venezuela no necesita una transición viable en lo legalista sino sostenible y posibilista para restablecer, controlar y sobrevivir el Estado, que es gestión de poder.
Nuestra transición será inédita como lo son los condicionantes que anteceden. No es normativa, es realista, por lo que el reencuentro, el regreso a casa y la paz, no será poesía, sino un camino bien andado. No es mesa limpia. Es mesa servida [Table D’Hote]; es realpolitik.
Orlando Viera-Blanco
Abogado. Ex Embajador de Venezuela en Canadá.
@ovierablanco
vierablanco@gmail.com
