Distintas organizaciones no gubernamentales venezolanas exigen “un acuerdo político explícito -con verificación internacional y de la sociedad civil- que establezca la independencia e imparcialidad del sistema de justicia como condición previa a cualquier proceso de cambio institucional”.
Los activistas señalan que ese pacto entre las partes “debe incluir mecanismos que impidan la interferencia del Ejecutivo y el Legislativo y cualquier órgano del Poder Público sobre las decisiones judiciales, la depuración de funcionarios judiciales, fiscales y defensores públicos que participaron en la represión, y la suspensión inmediata de quienes tienen procesos abiertos por violaciones de Derechos Humanos”.
“En vista del proceso de potencial reinstitucionalización, coincidimos en que estamos frente a una oportunidad histórica para establecer instituciones democráticas, que ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del TSJ se ajuste plenamente al modelo constitucional”, subrayan.
Entre quienes firman este comunicado están Provea, Acceso a la Justicia, Caleidoscopio Humano, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y Centro de Justicia y Paz.
Por infobae.com
