Mientras aparecen grabaciones de audio que, según su protagonista, fueron interceptadas por alguna nave gringo-israelita tipo el Discovery, con sofisticadísimos sistemas de intervención de correos electrónicos desde el espacio que los captaron viajando por la estratósfera, para luego hilvanar, palabra por palabra, toda una historia «montada»; nosotros, simples cristianos en esta tierra de Dios, aún estamos a la espera de que la Sala Electoral del TSJ diga algo al respecto de los recursos ante ella interpuestos por Henrique Capriles y la MUD.
La Ley de Procesos Electorales ordena a la Sala Electoral pronunciarse sobre la admisión de los recursos dentro de los dos días hábiles siguientes a su interposición. Esos dos días vencieron hace muchos días. Hay ya una evidente e inexcusable dilación respecto al pronunciamiento que debe hacerse sobre la admisión de las impugnaciones.
No se tratan estos recursos de algo sin importancia, de un acto de mero trámite que pueda ser diferido de manera indeterminada en el tiempo. Se trata, el primero, de un recurso interpuesto por el candidato que con una muy pequeña diferencia no fue adjudicado por el CNE y no reconoce la adjudicación de quien está ejerciendo la presidencia de la República. Usó la vía judicial para señalar su inconformidad con los resultados expuestos por el árbitro electoral, derecho que le otorga la ley y la Constitución. Detrás de su reclamo están muchos más de siete millones de venezolanos que esperamos por su admisión. El segundo lo interpuso la organización que obtuvo más votos en su tarjeta que ninguna otra en el país, la Unidad Democrática. Tampoco ha emitido la Sala Electoral pronunciamiento alguno respecto a su admisión.
¿Es que acaso Capriles, que representa al menos a la mitad de los venezolanos, y la MUD, que posee la tarjeta más votada del país, no son lo suficientemente importantes como para que los magistrados de la Sala Electoral (su Juzgado de Sustanciación) ya se hubieran pronunciado admitiendo sus acciones y dando comienzo así a los juicios sobre el proceso electoral? Su omisión sobre la admisión de las impugnaciones sólo acrecienta lo que ya es un secreto a voces: la imparcialidad de la justicia venezolana no existe.
Admitir los recursos es su deber. Al hacerlo se inician una serie de etapas preclusivas en cada uno de los procesos, destacándose por encima de todas ellas las etapas probatorias y las defensas que por escrito tendrá que realizar el CNE sobre cada una de sus actuaciones y omisiones. Este CNE, tan poco dado al cumplimiento de la formalidad escrita, deberá presentar escritos motivados de defensa.
Deberá además entregar los cuadernos electorales y el registro de las captahuellas para ser sometidos a experticias por técnicos que promuevan las partes. Deberá responder por las más de 200 denuncias consignadas por escrito durante la campaña y la precampaña electoral en las que se le instaba a tomar acciones y decisiones ante los usos y abusos cometidos y sobre las cuales jamás se pronunció. Deberá explicar por qué en el REP aparecen más de 200.000 difuntos como si aún estuvieran vivos y aptos para votar. Deberá explicar por qué en cientos de casos cualquier huella digital activaba la máquina de votación. Deberá decir por qué existen los doble cedulados, los homónimos y por qué permitió la coacción en muchas mesas electorales con el policía político disfrazado de voto asistido. En fin, los juicios serán la oportunidad para que, en el marco de la legalidad, todo aquello que las rectoras han venido defendiendo como hechos incontrovertibles, sean probados.
El TSJ podría decidir no admitir las acciones intentadas. Ya algunos han adelantado que se habría encargado a algún jurista externo que los asesore y encuentre la manera de negar la admisión de las impugnaciones. Consideran que abrir el proceso a pruebas -y someter al CNE a toda esta investigación pública- podría poner en evidencia lo que mucha gente sospecha sobre sus indebidas actuaciones y múltiples omisiones. Negar la posibilidad de someter a juicio el proceso electoral no disipará las dudas sobre el verdadero resultado electoral. Al contrario, incrementará la fragilidad institucional y develará, aún más, la toma institucional del país por parte de una parcialidad política.
En tanto los audios grabados -el que se hizo público y los que vendrán- revelan los oscuros pantanos en los que se mueve el poder y sus verdaderos intereses, más allá de las fantasiosas historias de montajes desde los límites supra atmosféricos para intervenir correos, el TSJ tiene en sus manos un muy terrenal y jurídico instrumento para darle salida a la crisis institucional y moral que nos agobia a los venezolanos.
gblyde@gmail.com / @GerardoBlyde
Fuente: EU
Por Gerardo Blyde
