El 7 de octubre del 2012, Venezuela sorprendió al mundo con resultados electorales que podrían generar la envidia por su nivel de participación (80,56%), incluso en los países con altos niveles democráticos.
Más de 15 millones de personas acudieron a las urnas a votar por el nuevo Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el resultado incluso fue sobresaliente: el candidado – Presidente Hugo Chávez Frías fue el ganador de la contienda electoral con 8.191.132 votos (55.07%), seguido de Henrique Capriles quien obtuvo 6.591.304 votos (44.31%). Para el mundo fue claro el mensaje: Venezuela cuenta con un sistema electoral moderno, la participación electoral y el resultados en las urnas fueron contundentes.
En el país natal del libertador Simón Bolívar, el pueblo venezolano ratificó a los 15 días del mes de diciembre de 1999, la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, redactada por la Asamblea Nacional Constituyente reunida en Caracas.
En el preámbulo de la misma, se menciona la refundacion de la República para “establecer una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones” bajo el cual en el artículo 2 “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Sin embargo, los cimientos que fundaban su democracia están corroídos o han sido derrumbados, pisoteados y feriados al peor postor. Los hechos acaecidos la última semana, junto con la aberrante corrupción y los privilegios del equipo de gobierno, son parte de la sumatoria de eventos que han generado un sistema político alejado de la democracia y que se ha traducido en una inconformidad general en las calles venezolanas.
Al Gobierno Bolivariano de Nicolás Maduro se les olvida que los gobiernos están instituidos para equilibrar el interés privado para que prevalezca el interés público y que se traduzca en un fundado compromiso para promover la protección de los derechos humanos del pueblo.
Cuando se observa un debilitamiento acelerado del sistema democrático, que incluyen decisiones arbitrarias, fallas en el suministro vital de alimentos imputables a decisiones regulatorias y reglamentarias, la falta de protección de los derechos de las minorías y de la oposición, irrespeto al derecho a la vida, entre otros asuntos, me llevan a preguntarme ¿donde está la Comunidad Internacional, en especial dónde está la comunidad latinoaméricana?
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Los hechos políticos internacionales que ocasionan el silencio y declaraciones tibias de la Comunidad Internacional están produciendo acciones conducentes a enterrar las cláusulas democráticas y de intervención internacional frente a hechos que afecten los hechos que generen desequilibrios democráticos, contenidas en los instrumentos internacionales, en especial los establecidos en el marco del sistema interamericano.
El principio de no intervención, nunca comprenderá la intervención mediante decisiones gubernamentales arbitrarias y contrarias al marco democrático, por tanto, es inadmisible que en el discurso político se le traiga a colación, con el propósito de acallar, desviar la atención y generar por sí sola una muralla argumentativa justificativa que aparenta ser inquebrantable.
La hermandad de los pueblos debe trascender las fronteras, así como la soberanía de las naciones. Estamos llamados a actuar, tanto Gobierno como Sociedad Civil, o sino seremos corresponsables por no hacerlo.
Juan Pablo Salazar
