La eliminación de los llamados protectores de estados y municipios, prometida por el Golem gobernante, es tan falaz como la ocasión en la que éste hizo el anuncio: la celebración oficialista del Día del Periodista.

El eufemismo de protectorado no esconde otra cosa que una vulgar usurpación de poder, violatoria de la normativa de la Constitución Nacional sobre el poder público estadal y municipal. La acción correcta que procedería no es su eliminación sino la rendición de cuentas ante la justicia de los usurpadores intelectuales y materiales. No debería en consecuencia ser motivo de alborozo ni considerarse como un “espacio ganado” por la oposición al autoritarismo.

Valga la oportunidad para reconocer la valiente actitud ante este despropósito, de la Gobernadora del Estado Táchira, Laidy Gómez, quien lo ha resistido y no se ha eximido de denunciar las prácticas gansteriles de quien usurpa la autoridad en esa entidad regional.

Esta praxis retorcida fue idea del lenguaraz de Barinas cuando, tras el triunfo de Antonio Ledesma a la Alcaldía Metropolitana de Caracas en 2008, confiscó y transfirió autoritariamente competencias de la alcaldía a un ente filibustero. Hoy la indecencia ha llegado al extremo de nombrarle protector a un ente académico: la Universidad de Oriente…

El suprimir este abuso, lejos de ser un beau geste del régimen, es solo parte de una forzada puesta en escena para negociar el alivio de las sanciones internacionales. Pero la realidad de mayor fondo es que la Asamblea Nacional del 6/D elabora una Ley Orgánica de Ciudades Comunales, inconstitucional, que haría innecesarios los protectores, porque al adherir las entidades federales directamente al poder central, gobernadores y alcaldes franquearían la frontera de la ficción.

Son realidades y condiciones que la dirección de la oposición democrática debe ventilar en la negociación del denominado Acuerdo de Salvación Nacional y en la actitud unitaria que habrá de asumirse frente a las venideras elecciones regionales.

Ramón Peña