A pesar de todas las restricciones que el Gobierno de Nicolás Maduro orquestó para impedir que muchísimos venezolanos llegasen a Caracas provenientes de todas las partes del país, la manifestación pacífica promovida por la Mesa de Unidad Democrática fue todo un éxito. El presidente chavista había calificado la convocatoria de ‘golpe de Estado terrorista’ y el número dos del régimen, Diosdado Cabello, lo había advertido, con un tono amenazante, la víspera: ‘No nos provoquen, no sólo vamos a trancar Caracas para que nadie entre, también para que nadie salga’. Y aun así, cientos de miles de personas vencieron el miedo y se concentraron pacíficamente por las principales avenidas de la capital para exigir al Consejo Nacional Electoral que decida antes de final de año el revocatorio contra el presidente Maduro. Si éste se convoca antes de enero, fecha en la que se llegaría a la mitad del mandato presidencial, y el Gobierno saliese derrotado, sería obligatorio celebrar elecciones anticipadas, que perdería Maduro, según todos los sondeos. Si se convoca en fecha posterior, la Constitución sólo exige sustituir al presidente, lo que significaría la continuidad del chavismo hasta 2019.
De ahí que el régimen esté retrasando lo más posible el referéndum, y que la oposición, pese a sus diferencias programáticas, se haya unido por primera vez para organizar una manifestación nacional. A las calles cortadas, los túneles cerrados, los atascos provocados por la policía para impedir que los autobuses accediesen a la capital y la convocatoria de una contramanifestación en otro punto de la ciudad, se han unido las amenazas, la violencia, en forma de ataques con piedras, gases lacrimógenos y perdigones, y las detenciones.
Varias decenas de opositores, acusados de actividades subversivas, han sido detenidos por la policía del nuevo ministro de Interior, Néstor Reverol, ex colaborador de Chávez y acusado por EEUU, como varios funcionarios del Gobierno, de tener vínculos con el tráfico ilegal de cocaína. Desoyendo las recomendaciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de Amnistía Internacional, que han pedido no criminalizar la protesta, el Gobierno blindó literalmente la capital para disuadir a los manifestantes. Presionado políticamente por la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del pasado mes de diciembre y en sus horas más bajas de popularidad, debido a la profunda crisis económica que vive el país, el régimen se enroca sobre sí mismo para evitar ser desalojado del poder. Perdido el apoyo popular (según las últimas encuestas 10 millones de venezolanos votarían para revocar a Maduro, frente a dos millones que lo apoyarían), al chavismo sólo le queda seguir exhibiendo su fuerza militar. Arropado por la dictadura castrista,
Maduro sigue aferrado a un poder que para sobrevivir mantiene en un estado de terror a la oposición, denunciado reiteradamente en el Parlamento por los grupos antichavistas. Pero lo más grave es el aumento de la pobreza y las condiciones de vida de la sociedad venezolana. Más del 9% de las familias del país se encuentran en situación de pobreza extrema y alrededor del 23% pueden ser consideradas pobres. Los supermercados están desabastecidos y los servicios públicos no dejan de deteriorase en un país que sigue manteniendo una de las mayores reservas de crudo del mundo. El fracaso del modelo instaurado por Chávez ha demostrado su impotencia para gobernar el país y cuanto más tiempo se mantenga en el poder más difícil será reconducir la economía, resolver la grave crisis humanitaria y rehacer un tejido social roto tras casi dos décadas de chavismo. Maduro no puede seguir de espaldas a una ciudadanía que exige ya un cambio.
Editorial de El Mundo.es
