La Defensoría del Pueblo, la institución destinada a la defensa de los derechos de todos los venezolanos, ha sido en los últimos años un testigo mudo a los atropellos, encarcelamientos y sentencias por parte del aparato del Estado, donde sus dirigentes apoyan juicios sin el debido proceso, tumbas como cárceles y decretos con sentencia a muerte.
La sistematizada exclusión política y la impunidad en los últimos quince años, explican de forma importante la vulneración de derechos en la Venezuela actual. La exclusión política ha llevado a los dirigentes del gobierno a desarrollar un entramado jurídico que limite el derecho a protestar. En Caracas vemos por ejemplo cómo el alcalde de la ciudad viola nuestros derechos cuando prohibe taxativamente las manifestaciones en el municipio, también lo vemos con el recurso que expidió el TSJ contra los mandatarios locales y sus responsabilidad ante las manifestaciones y se evidencia en el encarcelamiento del alcalde Ledezma por disentir y expresar su descontento con las políticas del gobierno.
La defensa de los derechos colectivos está fracasando, los civiles y políticos están siendo vulnerados y los derechos sociales han retrocedido.
La desinstitucionalización paulatina, lenta y silenciosa ha menoscabado nuestras garantías jurídicas e institucionales para la defensa y el reclamo de nuestros derechos.