El 29 de enero de 2004 el directorio del Banco Central de Venezuela conoció un oficio firmado por Alí Rodríguez Araque, para ese momento presidente de Pdvsa, en el cual solicitó autorización al instituto para constituir el Fondo Especial de Desarrollo (conocido también como Fondo Especial de Desarrollo Endógeno) con un aporte de hasta 2 millardos de dólares norteamericanos (US $ 2.000.000.000), los cuales serían manejados por la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y el Banco de Desarrollo Social en los programas sociales y otras actividades que determinase el Ejecutivo Nacional. Este fondo fue diferente al fondo rotatorio de hasta 600 millones de dólares que disponía Pdvsa para cubrir sus gastos en el extranjero.
La constitución de ese Fondo Especial de Desarrollo en Pdvsa con divisas provenientes de la exportación de hidrocarburos infringió las normas y principios sobre la forma federal del Estado. Ese acuerdo entre Pdvsa y el Banco Central de Venezuela, sustrajo recursos que debieron ingresar al Tesoro Nacional, y lesionó el derecho de los estados y de los municipios de recibir la parte de Situado Constitucional correspondiente a las sumas que se aporten al Fondo, por cuanto son ganancias netas no pechadas por el impuesto sobre la renta. Como sabernos, el situado se calcula sobre la base de los ingresos ordinarios que percibe la república, y la recaudación por concepto de impuestos obre la renta es un ingreso ordinario.
La creación del Fondo Especial de Desarrollo produjo una disminución, sin fundamento constitucional, de los ingresos del Tesoro, y por lo tanto sustrajo recursos que debieran ser aportados al Fondo de Estabilización Macroeconómica, que sí tenía fundamento constitucional.
Constitucionalmente no estaba ni está prevista ninguna exención para las empresas del Estado que operan en el ámbito de los hidrocarburos, antes por el contrario, tienen un régimen de tributación más elevado que el de los particulares.
Tampoco es cierto que la creación del Fondo Especial de Desarrollo permitía lograr los objetivos sociales que contempla la Constitución. Tales objetivos se podían alcanzar perfectamente sin irrespetar las normas constitucionales que establecen la unidad del Presupuesto y la Unidad del Tesoro, la legalidad del gasto público y la soberanía presupuestaria de la Asamblea Nacional, el principio de la legalidad administrativa y el control de la administración pública.
El Fondo Especial de Desarrollo estableció una institución paralela a las contempladas en el ordenamiento administrativo y financiero del país, con la finalidad de evadir los controles existentes del Banco Central de Venezuela y de la Asamblea Nacional.
El haber creado ese fondo violó el Decreto Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que en su artículo 36 (en el pasado era el 34) contempla el principio de no afectación de ingresos, que expone: “No se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo de ingreso con el fin de atender el pago de determinados gastos, ni predeterminarse asignaciones presupuestarias para atender gastos de entes o funciones estatales específicas, salvo las afectaciones constitucionales”.
Ser responsable sugiere varias posibles acepciones. Responsable es ser competente. Entiéndase disponer por mandato legal de atribuciones o facultades.
Ser responsable es igualmente estar obligado. Obligado a hacer o a dar una determinada prestación. Ser responsable puede significar estar llamado a responder civil, administrativa, penal o políticamente de una actuación, de un deber pendiente, de acciones u omisiones, que por mandato de la Constitución y de la ley se constituyen en deberes no susceptibles, de evasión, negociación o elección.
Las personas que estuvieron involucrados en ese manejo de los recursos públicos, y que si fue delito puede que ya esté rescrita su persecución, fueron: el presidente de la república para la época, quien al diario Panorama le declaró: “Hemos decidido apartar esta primera cantidad de ese Fondo Especial de Desarrollo, que yo lo llamo Agenda Bolivariana 2006, sobre todo para créditos para la pequeña y mediana industria, especialmente orientada a la metalmecánica y al plástico”; en reconocimiento que el mencionado Fondo no se le dio el destino pautado originalmente y que él fue quien dio las instrucciones para la constitución de dicho fondo.
El directorio del Banco Central de Venezuela para la época, ciudadanos: Diego Luis Castellanos, presidente, Rafael J. Crazut, Bernardo Ferrán, Manuel Lago Rodríguez, Armando León, Domingo Felipe Maza Zavala (quien salvó el voto), Jorge Giordani en representación del Ejecutivo Nacional y Gastón Parra Luzardo en su carácter de primer vicepresidente gerente (quien tenemos entendido que votó en contra). Por haber aprobado el uso de la divisas del Estado venezolano en contravención con la Constitución.
El ciudadano Rafael Ramírez, ex ministro de Energía y Minas, quien reconoció que “el fondo fue, primero que todo, notificado a nuestra industria petrolera a través de la asamblea de accionistas, por una instrucción del MEM, tal como lo establecen los estatutos”, siendo factor importante en la constitución del mencionado Fondo.
El ex presidente del Bandes, Nelson Merentes, al ejecutar los recursos públicos antes mencionados.
El ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Alí Rodríguez Araque y los ex directores de la empresa, ciudadanos: Félix Rodríguez, Iván Hernández, José Rojas, Nelson Martínez, Luis Vierma, Dester Rodríguez, José Luis Prieto, Víctor Álvarez, Rafael Rosales y Nelson Núñez.
El ex presidente del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), Ulises Urdaneta, quien informó que el Plan Estratégico de Inversión en Infraestructura 2004-2006 preveía en su etapa inicial la ejecución de 42.372 viviendas por un monto de 1,2 billones de bolívares provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Social Endógeno de Pdvsa, vía Corporación Venezolana de Petróleo (CVP) y Bandes, en claro reconocimiento del uso de estos ingresos de la República, no depositados en el Banco Central de Venezuela.
Este fue uno de los tantos mecanismos que utilizó, y sigue utilizando, el gobierno para distraer los ingresos públicos y que no puedan ser controlados por las instituciones del Estado, haciendo nugatorio el principio de transparencia establecido en la Constitución.
Jesus Rangel Rachadell
@rangelrachadell
