Nos referimos, no a una medida restrictiva para disponer de sus recursos monetarios por parte de los depositantes, la que consideramos inviable económica y políticamente, sino a la restricción de hecho que padecen estos al momento de intentar realizar pagos en efectivo, retiros de efectivo en cajeros, pagos en puntos de ventas y amenaza con limitar el uso de la tarjeta de crédito.
Como es sentido por todos, la espiral inflacionaria desde 2013 en adelante que alcanzó 58,2%, seguido del 63,6% del año 2014 y especialmente en los 7 primeros meses de este año, donde distintas estimaciones extraoficiales – no existen las oficiales – la ubican aproximadamente en un 70%, ha impactado al alza los precios de los bienes y servicios.
Compras o servicios del día a día que, forzosamente han de ser pagadas en efectivo: merienda escolar, periódico, refresco, café, pago de servicio de taxi, estacionamiento, reparaciones menores del hogar tales como plomería, electricidad, etc. exigen que el consumidor o usuario deba estar provisto de muchos billetes de baja denominación, porque los de alta denominación se han tornado inalcanzables.
Las causas de esa situación son múltiples muy, van desde la resistencia del ente emisor a ordenar la impresión de billetes de 500 0 1.000 bolívares, la ausencia de planificación para ordenar la impresión oportuna de billetes de 50 y 100 bolívares, pasando por el contrabando hacia la frontera colombiana de estos últimos.
Otro factor que se une a los anteriores es el déficit de cajeros automáticos y la inoperatividad de muchos de los existentes, tanto de la banca pública, como de la privada, supuestamente por falta de divisas para importar los equipos y los repuestos. En la misma línea se encuentran los puntos de ventas, solicitados masivamente por los comerciantes y prestadores de servicios sin recibir respuesta satisfactoria.
Se agrega a la pesadilla de no disponer de suficiente y adecuado efectivo y a las dificultades para efectuar pagos a través de puntos de ventas, la limitación legal prevista para el financiamiento de créditos al consumo, al 20% de la cartera de crédito, consumo que se hace mayoritariamente mediante el uso de tarjeta de crédito, en tiempos en que la misma se emplea para cubrir necesidades alimentarias y de salud, precisamente por el efecto inflacionario antes indicado.
Estos problemas que, afectan sensiblemente el sistema de pagos y generan justificado malestar en la comunidad, deben atacarse con celeridad y evitar: ordenar la emisión de billetes de mayor denominación a los actuales, acelerar por ser urgente la impresión ya acordada los billetes de 50 y 100 bolívares, otorgar las divisas, si fuere el caso, para importar los equipos y repuestos que requieren los servicios bancarios y reformar la ley de bancos para permitir a las autoridades financieras adecuar el máximo del crédito al consumo a la realidad inflacionaria actual, sin desmedro de la relación financiamiento comercial versus financiamiento productivo.
Alejandro Caribas Licenciado en Administración y Abogado de la Universidad Central de Venezuela, con postgrado en Administración y doctorado en Derecho de esta misma casa de estudio. Fue Superintendente de Bancos (2000-2002), Presidente de Banco Activo, C.A. (2006-2009) y Asesor Jurídico Corporativo de varias organizaciones públicas y privadas, incluyendo la Presidencia del Banco Central de Venezuela (BCV). Fue Director de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCV y actualmente es asesor académico del Instituto Universitario de Seguros. Cuenta con varias obras publicadas sobre temas laboral, bancario y administrativo.
