Por estos días, en Ciudad Guayana han ocurrido nuevas protestas, en las empresas y en la calle, de trabajadores de varios sectores. Tres de esas protestas las protagonizaron trabajadores y el sindicato de la ex Sidetur (hoy estatizada y llamada Complejo Siderúrgico Nacional al sumar las plantas estatizadas de Guarenas, Caracas y Lara) quienes reclamaban contra la desastrosa parálisis productiva de Planta Casima que debe fabricar acero en palanquillas para que sus plantas “hermanas” en esas otras ciudades produzcan cabillas, perfiles, etc. Es tan desastrosa la cosa que en los últimos 9 meses no se ha trabajado más de 15 días y la producción es alrededor de 3% de lo que solía ser. Más antipatria imposible. Un daño severo a la nación el ocasionado por el gobierno “robo-lucionario” con su estatismo salvaje y manejo irresponsable de las industrias. Por supuesto, semejante destrucción productiva también atenta contra el progreso social de cientos de familias de trabajadores y es parte de la ruina, retroceso y crisis social del pueblo. Se violan toda clase de derechos laborales, se niegan o reducen pagos que son de ley. Se empobrecen los trabajadores y sus familias. Y eso, además de la destrucción productiva, era parte del reclamo en las calles.
El gobierno más antiobrero que recuerde Guayana
El espacio de esta columna no nos permite mostrar cada situación con más detalles. Pero los problemas de seguridad industrial son severos. Muy graves, aunque hay gente calificada que ha estado incluso en Inpsasel. Las órdenes “de arriba” (muy arriba) para que no se aplique la Lopcymat cuando sean estatales. Loa accidentes laborales. En otro plano, las arbitrarias calificaciones de despido por motivos fútiles o artificiales de dirigentes sindicales en Venalum y Bauxilum, entre otras. Los abusos cometidos en las elecciones sindicales de los sindicatos de Bauxilum (tanto de profesionales como de obreros) además del caso Sidor donde también hubo la prisión a tres trabajadores como castigo a Sutiss. Los juicios abiertos a luchadores varios. La terrible situación de improductividad de la antigua Tavsa (fábrica de tubos) debido a un “negocio” antinacional del gobierno con una transnacional de China. Caso semejante con las plantas de Refractarios industriales paralizadas tras ser estatizadas para favorecer negocios de importación.
El drama de atropellos en Hidrobolívar y en casi todos los entes dependientes de la Gobernación. El indignante maltrato salarial y de condiciones de los maestros y profesores. El ruinoso y lamentable estado de las flotas de transporte de personal tras las estatizaciones. Toda la producción del sector aluminio que ronda el 30% en bauxita y alúmina así como entre 15 y 20% en aluminio, es decir, la destrucción de entre el 70 y 80% de una industria que era próspera. La paralización de TODOS, los nuevos proyectos industriales, ninguno de los cuales existe hoy. Ni Ciudad del Acero. Ni Ciudad del Aluminio. Ni Planta de Concentración. Ni la “nueva” siderúrgica. Ni la “nueva” Fábrica de Tubos, etc. Todo podría, pues, resumirse en dos ideas tristes pero reales: tenemos el gobierno más antiobrero de la historia de Guayana y tenemos una “revolución” autora de un “Milagro al revés”, el del retroceso más antinacional en lo que debía ser la soberanía económica productiva.
A las protestas se sumaron trabajadores de la briquetera Venprecar, una de las cinco plantas fabricantes de briquetas que fueron estatizadas en la ola de estatismo salvaje de 2009-2010. Todas ellas en casi total parálisis productiva. En 2014, por ejemplo, produjeron no más del 15% de lo que solían hacer hasta antes de las estatizaciones. ¡La revolución destruyó más del 80% de su capacidad de producción! Tremendo daño a Venezuela. Horrible retroceso en soberanía nacional. Esta es la “revolución-reaccionaria”. Saquen la cuenta por un solo detalle: el precio de venta internacional de las briquetas suele ser más o menos el triple que el precio del mineral de hierro. Otro caso marcado de antipatria y entreguismo de la soberanía, en estos “tiempos de revolución”.
La “menos destrozada” de las briqueteras, Orinoco Iron, trabaja con cierta precariedad, a 40% de su capacidad ya que los trabajadores reactivaron, con repuestos viejos y usados, reconstruidos por ellos mismos, dos líneas activas, pero confrontan toda clase de problemas con los equipos de Seguridad Industrial así como con sus derechos laborales. Al parecer (los trabajadores no participan ni reciben información clara pese al cuento del “control obrero”) la escasa producción va a la exportación para financiar varias empresas.
Este mes se cumplió un año de la imposición por la fuerza política del Estado sin contrapesos institucionales y sobre todo la imposición militar a la fuerza del “contrato” en Sidor, violando la ley, la Constitución y los derechos sindicales. Fue el punto culminante de un largo conflicto de más de un año, ya que Sidor, es decir, el gobierno antiobrero, se negaba a discutir el contrato colectivo que ya sumaba más de 3 años vencido, violando -como siempre- la ley. La primera huelga, unos meses antes, nació en la base obrera, mediante asambleas de base en las diferentes plantas y se extendió. Una parte del sindicato se sumó al conflicto. Fue cuando Maduro, en una cadena, acusó a los trabajadores de Sidor de “ser pagados por la Embajada de EE UU”. Y la alocución de Cabello calificando a los trabajadores de “mafias”. El mismo truco indigno e inescrupuloso de criminalización que usan contra la oposición democrática y los luchadores sociales.
Aquel conflicto redujo la intensidad cuando Maduro, seguramente para “ganar tiempo” convocó a “discutir y resolver esto en 15 días en Miraflores”. Fue aguaje. El gobierno siguió “vacilando” a los trabajadores hasta que se desató, tras meses de espera, de nuevo la protesta, con trancas de calle, y luego con otra huelga. La “revolución” desató la represión policial y militar, coordinada con el cerco de censura en los medios de comunicación del gobierno y/o los controlados, que mentían sobre el conflicto. Fue cuando ocurrió “el madrugonazo” como operación política combinada con los medios arrodillados, pero la gigantesca marcha de protesta de ese día (censurada en esos medios pero imposible de ocultar) los desmintió. La militarización y la represión política se impusieron. Hay un “contrato” que nadie conoce, que no está “homologado” en la inspectoría, que tiene algunas cláusulas que se comenzaron a pagar y otras que quedaron “congeladas”. Todo al margen de la ley.
El remate de las violaciones a las leyes y a los derechos sindicales consagrados en la Constitución fue la suspensión arbitraria (que ya lleva 8 meses) de las elecciones sindicales en Sutiss-Sidor, usando subterfugios leguleyos. El gobierno usando las instituciones para evitar una profunda derrota oficialista. Tal como ahora maniobran -pero en mayor escala- contra las elecciones parlamentarias.
En el sector aluminio los sindicatos de las cuatro grandes empresas -Bauxilum, Carbonorca, Venalum y Alcasa- pudieron acordar, tras numerosas luchas y protestas, un contrato colectivo, hace más de dos años, pero nunca fue homologado lo que evidencia que es política de Estado restarle legalidad a esos derechos constitucionales. Para aquel entonces los contratos (que eran separados en cada una) tenían entre 3 y 5 años vencidos, en flagrante violación a los derechos sindicales. Ahora empieza el nuevo forcejeo con el gobierno antiobrero. Algo similar fue lo de Ferrominera donde aún se recuerda el peor episodio de la historia laboral de Guayana: la prisión, durante 17 meses del secretario general del sindicato, Rubén González por cumplir el mandato de una asamblea de hacer una protesta y huelga por la masiva violación del contrato por parte del patrono.
Es más que “gerentes burócratas”
En Guayana, como en toda Venezuela, hubo gente que tuvo legítimas expectativas con “el proceso”. Son cada vez menos. Revisen los resultados electorales comparados de las presidenciales de 2006 con los de 2012 y 2013. Verán el cambio, especialmente en las zonas, municipios y parroquias donde viven mayoritariamente los trabajadores de nómina de las empresas básicas y las no básicas. Y las luchas de calle y dentro de las empresas. Aún hay quienes se aferran a explicaciones como “son gerentes burócratas”. Hay algo de eso pero mucho más. El “estatismo salvaje” arruinador es una “ideología”. La gran corrupción roja, en las altas esferas, es otra causa. El desplazamiento de técnicos conocedores por fichas rojas rojitas y/o verde oliva. Incluso no hay que olvidar aquel documento del Plan Guayana Socialista 2019 (en realidad era el plan encubierto de crear un enclave estatista de la economía) que rezaba que “hay que eliminar los sindicatos porque son instrumentos de lucha y no de participación”. Es un plan totalitario, de dominación, semejante al de la “hegemonía comunicacional revolucionaria”, es decir a la censura total. Por todo eso, hay que “seguir luchando por Guayana y por Venezuela”. El 6D, con la Unidad es una fecha clave para avanzar en el cambio necesario.
Damián Prat
depece54@gmail.com
