Hace poco fue presentado el proyecto inicial del Plan Nacional de Derechos Humanos que el gobierno redactó para tratar de cumplir con una de las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas, acordada en el año 1993 en Viena, en la Conferencia sobre Derechos Humanos. En Venezuela las más destacadas organizaciones no gubernamentales tienen más de 11 años solicitándolo, pero estas no fueron tomadas en cuenta a la hora de presentar el proyecto del plan.
En el acto de presentación del plan estaban los más connotados violadores de los derechos humanos, por lo cual no resultaba incoherente ver juntos al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López; la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela; la fiscal general, Luisa Ortega; la presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Requena; y otros funcionarios de quienes todos conocemos su responsabilidad, bien sea por acción u omisión, de graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país.
El defensor del pueblo, Tarek William Saab, también estuvo presente con su discurso, que no variado desde que asumió el cargo, recordando las masacres de Cantaura, Yumare y El Amparo, que si bien no deben de olvidarse, también hay que refrescar otras masacres recientes teñidas de rojo rojito, de las cuales nada se ha investigado.
¿Es que acaso, Tarek, los más de 50 reclusos envenenados en la cárcel de Uribana a finales del año pasado no entran en esa lista? El defensor, al hacer la invitación a todas las ONG de derechos humanos a participar en esta nueva consulta que se inicia, se le olvida que tiene embarcadas a las más de 100 organizaciones que se reunieron con él en enero de este año. Tarek les ofreció instalar mesas de trabajo, pero las está instalando a cámara lenta y con sectores que no hagan mucho alboroto.
La fiscal Ortega no podía quedar por fuera en esta presentación. Dijo sin rubor alguno que “no hay en el planeta una Constitución que recoja tantos derechos como recoge nuestra Constitución”. Lamentablemente no agregó que el problema de la Constitución es precisamente que no se cumple y que el gobierno la viola a cada rato.
Las ONG de derechos humanos, que son las indicadas para dar los aportes más importantes al desarrollo de este plan pero que no las tomaron en cuenta (solo se refieren a unas poquitas que les dan su apoyo incondicional), están dispuestas a participar y contribuir con su experticia y conocimientos al desarrollo de la propuesta presentada, siempre y cuando esta se base en el diálogo, respeto a las opiniones y no se convierta en un monólogo en el que solo los actores del gobierno sean los que opinen y los demás sirvan de relleno.
El gobierno debe aceptar que aquí se violan los derechos humanos como nunca antes, que los ciudadanos están indefensos ante los constantes atropellos del gobierno y que existe la necesidad urgente de que tengamos plena garantía de esos derechos. Sin esto no tendremos plan alguno que funcione y toda esta alharaca que estamos viendo solo será un gran show.
Editorial de El Nacional
