La contundente derrota al teniente coronel Chávez en diciembre de 2007, cuando soberanamente fue rechazado su inconstitucional proyecto de reforma de la Constitución para mantenerse en el poder a perpetuidad, no fue ningún obstáculo para que meses después sacara de debajo la manga una “sobrevenida” enmienda que le permitió, finalmente, imponer la perversa reelección.
La calificación de Chávez de victoria de mierda (sic) a la manifestación de la voluntad popular expresada en las urnas, más allá de la escatología y la procacidad, ponía en evidencia su talante autocrático y explica, visto en perspectiva, el desacato a esa decisión popular.
2007 marca un notorio punto de inflexión porque a partir de entonces el gobierno, por la vía de leyes habilitantes y otros actos administrativos, crea una nueva institucionalidad de espaldas a la Constitución. Podría decirse que el cáncer de la reelección es marca de fábrica del régimen naciente. Con pasmosa pasividad la sociedad democrática aceptó que un moroso Consejo Nacional Electoral regalara un período adicional a los concejales de las asambleas legislativas regionales y que los alcaldes permanecieran casi dos años en sus cargos sin la obligatoria convocatoria a la renovación de sus mandatos.
Asimismo, aunque aquí sí hubo un poco más de escándalo, pero ninguna contundencia para hacer valer la carta magna, el régimen logró la continuidad de Maduro y su postulación como candidato a la Presidencia.
Más recientemente, tema del que se quiere ocupar estas líneas, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia gubernamental ha decretado la continuidad en sus cargos a los rectores del Consejo Nacional Electoral cuyo lapso se encuentra vencido desde abril de 2013.
Sí, desde hace más de un año y cuatro meses Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Vicente Díaz, postulados por la sociedad civil, tienen vencido el período y, sin embargo, siguen campantes en sus cargos avalados, además, por la curiosa sentencia que llueve sobre mojado: un titular se mantiene en ejercicio hasta que ocurra su reemplazo. El problema de fondo es que la Constitución obliga a su renovación y la morosa Asamblea no cumple.
La Constitución venezolana, en su artículo 296 establece que los integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán siete años en sus funciones y serán elegidos o elegidas por separado, tres de ellos postulados por la sociedad civil al inicio de cada período. Lucena, Oblitas y Díaz debieron ser reemplazados en abril del año pasado y, a pesar de que los acontecimientos políticos del primer trimestre de 2014 pusieron otra vez el tema de la renovación de los poderes públicos en la palestra, la morosa Asamblea Nacional todavía no completa las diligencias necesaria para la renovación del ente electoral.
Durante los candentes días de marzo, un Maduro con el agua al cuello se comprometió a la renovación de los poderes públicos “en el menor tiempo posible”. A los pocos días, en ese curioso ping pong que juega con el capitán Cabello este, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional, anunció la designación del Comité Preliminar de Postulaciones Electorales con lo cual se daba formalmente inicio al proceso de renovación de autoridades electorales.
Sin embargo, a pesar de esos públicos compromisos de la dupla gobernante, poco expedito ha sido el proceso. Sin ninguna explicación razonable los diputados oficialistas suspenden las reuniones para atender actos proselitistas, congresos internos, viajes internacionales y todo indica que se irán de vacaciones sin culminar la etapa de seleccionar a los 10 representantes postulados por la sociedad civil. Desde el 27 de marzo, cuando Maduro en una de sus abusivas cadenas se comprometió, incluso con los cancilleres de Unasur y el representante del Vaticano a promover la renovación de los poderes públicos hasta el regreso de los diputados de sus vacaciones en septiembre, habrá transcurrido medio año adicional en abierta burla a la Constitución.
Aunque es público y notorio la poca productividad de esta Asamblea Nacional (apenas cuatro leyes aprobadas de quince programadas) es fundamental una mayor presencia y beligerancia de los actores político democráticos para facilitar una vía institucional a la grave crisis que vive el país.
El CNE actual no goza de la confianza mayoritaria de los venezolanos. Es esencial elegir un nuevo CNE que permita a todos, independiente del color político, confiar en la solución de la crisis política en estricto apego a la voluntad popular que se exprese en las urnas.
Óscar Lucien
