Según Amartya Sen, nuestros proyectos de vida son crucialmente dependientes de las instituciones ya que éstas pueden obstruir o promover nuestras libertades, y en tales términos deben ser juzgadas. Diosdado Cabello parece diferir de esta opinión cuando se pregunta —¿Para qué sirve la Asamblea Nacional (AN)?— y de seguidas reconoce su importancia en función del extraordinario apoyo que le ha prestado a la “revolución bolivariana”.
La flagrante contradicción aflora de inmediato. Si la AN sirve para apoyar la revolución bolivariana está negando su propia esencia. En primer término, porque la revolución bolivariana no es contribuyente a la libertad de todos los ciudadanos ya que es un proyecto particular de un sector o grupo de la sociedad; y en segundo lugar, porque choca abiertamente con lo estipulado en la Constitución en su artículo 187, en cuyos objetivos centrales se obliga a la AN a: legislar sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional, ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional, organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia, decretar amnistías, discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público, así como aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación.
En ningún punto de lo establecido en la Constitución se plantea que la AN se subordine a un proyecto político particular. Es decir, si la utilidad de la AN radica en servir para implantar el socialismo del siglo XXI, entonces está en abierta contradicción con los preceptos constitucionales que la rigen.
El fin de este gobierno, tal y como se expresa en el Plan de la Patria, es la construcción del “socialismo bolivariano”, acompañado por otros preceptos que van, desde la búsqueda de una nueva independencia nacional, la preservación de la vida en el planeta, hasta a la salvación de la especie humana. En consecuencia, si la AN tiene como objetivo cumplir con ese delirio egocéntrico que tuviese Chávez, entonces podemos afirmar que la AN no le sirve a todos los venezolanos, sino a Chávez o a cualquier otro dictadorzuelo que por un azar histórico tome el control del gobierno como si fuese un botín de guerra.
La discusión sobre cuestiones claves para el país, ha sido obstruida en la AN por la aplanadora oficialista: la corrupción masiva, el incremento incesante de la Inflación, la escasez de productos básicos, el impacto negativo de la política cambiaria y la devaluación continua, el crecimiento desbordado de la violencia y la inseguridad ,la crisis presupuestaria de nuestras universidades autónomas, el crecimiento de la deuda pública, la destrucción del poder real del salario de los trabajadores, etc. Análisis que de haberse realizado conducirían indefectiblemente a la constatación del fracaso de la orientación de las políticas públicas, la ineficiencia de la gestión, la dilapidación de los recursos fiscales, el estrepitoso fracaso del socialismo como modelo y, al final, se comprobaría la desconexión entre la AN y los problemas que convulsionan el país.
La actual AN ha aprobado Leyes Habilitantes que constituyen, de hecho, una auto-inhabilitación de su poder contralor. Durante los últimos 15 años ha delegado sus funciones de forma recurrente en el poder ejecutivo, al haber decretado cinco habilitaciones que cubren un periodo de 75 meses transcurridos durante los gobiernos Chávez-Maduro, es decir, algo más de seis años bajo régimen habilitante.
Con respecto a la primera Ley Habilitante otorgada a Maduro, justificada con base en la «lucha contra la corrupción» y la «defensa de la economía», Nicmer Evans, de Marea Socialista, cuestionó: “Después de un año y medio de la primera ley habilitante del gobierno del Presidente Maduro ¿cuál es el balance de la lucha contra la corrupción y la defensa de la economía? »
Evans confronta las evidencias que muestran un poder habilitante que ni atendió ni mucho menos resolvió, los problemas que la justificaron; por el contrario, sirvió para promulgar leyes que han tenido un efecto perverso sobre la economía, verbigracia: la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (gaceta extraordinaria 6.15013), la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Precios Justos (gaceta extraordinaria 6.156), la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria (gaceta extraordinaria 6.151), la Ley Misión Agrovenezuela (gaceta extraordinaria 6.151). Adicionalmente, la última ley habilitante concedida a Maduro para “Luchar contra el imperialismo” ha tenido como único resultado una inútil y costosísima recolección de firmas con destino desconocido hasta hoy.
Estas dislocadas acciones y omisiones de la Asamblea Nacional exigen el compromiso responsable de la ciudadanía con el destino, que con su voto, le va a proponer el 6 de diciembre. Hoy la AN es un fantoche acompañante de un ejecutivo que está empeñado en la tarea imposible de imponer el comunismo en Venezuela a pesar de que Cuba, su principal socio y modelo, ya esté abandonado esa maligna idea y corra con ansiedad a buscar la reconciliación con su vituperado «imperialismo yanqui».
Para avanzar hacia el renacimiento de la democracia en Venezuela, es imprescindible construir instituciones flexibles y robustas, con capacidad para dar respuestas pertinentes a las nuevas exigencias de un marco normativo que facilite y promueva el desarrollo progresivo de una economía post-industrial y un marco cultural post-moderno.
Recuperar la confianza en la Asamblea Nacional y en el resto de la instituciones, es el inicio de una gran tarea a comenzar unitariamente el próximo 6 de diciembre.
@isapereirap
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*Coordinadora Políticas Publicas CEDICE Libertad
