Una de las políticas negativas que se desprenden de la actual conducta del Gobierno es la de continuar hipotecando la soberanía de Venezuela sobre su riqueza petrolera violando la Constitución y la ley. Me refiero a la aprobación de un nuevo tramo del Fondo Chino por 4 mil millones de dólares.

El presidente Maduro, con motivo de ese hecho y en medio de la presencia del presidente Chino en nuestro país, dijo textualmente lo siguiente: “No le pone a nuestra patria una carga pesada, es un financiamiento que es respaldado por una fórmula de producción y suministro de petróleo”.

Esa declaración pasará a la historia como la afirmación de un Presidente que no sabe lo que hace ni conoce las consecuencias de lo que dice. ¿Cómo va a expresar que no es pesada, y el mismo dice que el país debe entregar 524 mil barriles diarios de petróleo por esa operación? Señaló que es un financiamiento cuando de su declaración se desprende lo que realmente es: una venta a futuro; es decir, a partir de esa negociación de Venezuela saldrá diariamente esa cantidad de barriles y a cambio no le ingresará nada por ellos, porque ya los chinos los pagaron, para que este Gobierno pague los déficits de su mala administración, de la corrupción y de los regalos al exterior.

Pero lo más grave es que por ese adelanto Venezuela se obliga a comprarles a los chinos bienes y servicios como por 40% del valor del adelanto que hacen. De allí que tendremos que pagarles a los chinos la ejecución de 4 mil 512 viviendas llave en mano, para lo cual ellos se traen hasta los trabajadores, la adquisición de mil 500 autobuses Yutong, 10 mil vehículos colectivos Chery para el transporte escolar, una planta de cemento en el estado Lara, y hasta un tercer satélite, cuando en Venezuela no hay ni libros para los escolares.

Además, cuando Maduro dijo que era una operación respaldada por nuestro petróleo confesó que la misma es ilegal, ya que de acuerdo al artículo 93 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, que a continuación cito: “No se podrán contratar operaciones de crédito público con garantías o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales”. El petróleo es un bien nacional; en consecuencia, esa es una operación prohibida por la ley.

Omar Barboza Gutiérrez

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