Es verdaderamente denso el cúmulo de señalamientos que persigue al gobierno de Nicolás Maduro. Algunos son fácilmente verificables, como el de que se ha dedicado a desvertebrar hasta dejar sin vida el sistema democrático del país vecino o su empeño en asfixiar voces opositoras, tanto de la prensa como de la oposición política.
Pero hay otros que todavía permanecen más en el terreno de los rumores, a falta de una prueba concluyente. Es el caso del enriquecimiento ilícito a partir de rentas extraídas de negocios ilegales de la cúpula de la revolución bolivariana, incluido el mismo Maduro.
La decisión del Gobierno panameño, conocida este viernes, de incluir en una lista de personas que representan un «alto riesgo» por posible blanqueo de capitales al presidente venezolano junto con otros 55 compatriotas suyos, muchos de ellos detentores de enorme poder en el Gobierno, como es el caso del llamado «número dos» del chavismo, Diosdado Cabello, es una señal más del nefasto rumbo que ha tomado el proyecto de Hugo Chávez. Y debe ser atendida.
Decisiones como la de Panamá merecen respaldo. Esto, a falta de un sistema judicial independiente que determine en Venezuela qué tan ciertas son las acusaciones que desde distintas orillas se les hacen a altos cargos del Gobierno de estar aliados con el crimen organizado, y ante la necesidad de que quienes han llevado al país a la crisis en que se halla den un paso al costado para que llegue el alivio a los millones de venezolanos que hoy sufren, entre otras causas, por la escasez de bienes básicos para la supervivencia.
La presión internacional por vías legítimas –que no pasan por el uso de la fuerza– surge como el camino indicado por seguir. Es un imperativo ético para el mundo, pero en especial para la región, recurrir a cuanta herramienta esté disponible para que quienes han fracasado rotundamente en su deber de garantizar que su sociedad pueda vivir de manera digna entiendan que es hora de rendir cuentas.
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