De todos los problemas que perturban al país, el de la migración venezolana es el único al que no hemos prestado la debida atención. No debemos tomarlo como un mal sin remedio, sino como un fenómeno infortunado que requiere medidas humanas y prudentes.
Ya explicaré por qué, cada noche al encender el televisor para conocer las últimas noticias, me sorprende encontrar al incansable presidente Duque en el lugar más inesperado: sea en Washington, Lima, México, París, Madrid, Pekín, o en los sitios más remotos de Colombia que afrontan dolorosos problemas. Duque los encara, no los rehúye. Propone medidas que quedan en manos del Gobierno o del Congreso cuando exigen proyectos de ley.
Vuelvo al duro caso de los migrantes venezolanos, que suman hoy 1’400.000. La mayoría no tienen derecho a trabajar por falta del permiso especial de permanencia (PEP). Sus niños carecen de escuela. Viven en un ocio desesperado por falta de alimentos. Es apenas comprensible que las llamadas ‘jornadas’, o adjudicación de permisos de trabajo, sean demoradas y restrictivas; solo benefician a un 10 por ciento de estos migrantes. No es culpa de nuestros servicios de migración, pues sus directivos se ven obligados a tomar en cuenta las altas tasas de desempleo que existen en el país.
Como gran cantidad de venezolanos no pueden trabajar, a muchos de ellos se les ocurre buscar oficios informales para su subsistencia. Por ejemplo, los despachos a domicilio de alimentos o medicinas. Otros apelan desesperadamente a la mendicidad. En Cúcuta, algunos viven en zonas de albergue financiadas por algunas ONG o por generosas empresas nacionales. Sin embargo, muchos yacen aún en terrenos baldíos o en casas abandonadas. En Bogotá ocupan extensas zonas del sur, especialmente en Soacha, pidiendo limosna en los semáforos o en el TransMilenio. Algunos acompañan su demanda con bailes y cantos.
No deben olvidarse los riesgos de tal situación. A la larga inducen a no pocos migrantes a trabajar en los cultivos ilícitos de coca o a ser reclutados por grupos irregulares que se sostienen con dinero del narcotráfico. Los primeros en advertir este peligro son algunos prominentes venezolanos, refugiados también en Colombia por la persecución política de Maduro. Tal es el caso de Gabriel Valles, un activista en derechos humanos que padeció cuatro años de cárcel por denunciar a los grupos de guerrilleros colombianos que viven en Venezuela bajo la protección de aquel régimen dictatorial. Son los mismos grupos que cruzan esporádicamente la frontera para atacar por sorpresa a propietarios de fincas o a nuestras guarniciones militares.
Hombre joven, de solo 32 años de edad, graduado en Ingeniería de Sistemas, Valles, en una entrevista en EL TIEMPO, contó cómo el gobierno chavista buscó hacerle perder la vida –o al menos la razón– recluyéndolo bajo tierra, en un profundo sótano sin ventanas conocido como ‘la tumba’, donde no sabía la hora ni el día. Solo lo salvó descubrir su milagrosa afición a la pintura. Ahora lo lastima la lejanía de sus padres, médicos ambos que viven en Valencia y no podrán verlo sino hasta la anhelada caída de Maduro.
Conmovido por la situación de los miles de niños migrantes que deambulan por calles y plazas, sin acceso a centros de educación y con el peligro de que tomen el camino del mal, está promoviendo un proyecto piloto para organizar clases, entre otras de artes plásticas, con el fin de generarles creatividad y buenos hábitos. Su proyecto se está gestando gracias a la Fundación Bosquejo y a la organización Un Mundo Sin Mordaza.
Mi conclusión: no podemos ser ajenos a la suerte de los migrantes venezolanos. Nos corresponde no solo por razones humanitarias, sino por el equilibrio social del país.
Plinio Apuleyo Mendoza
Publicado originalmente en el diario El Tiempo (Colombia)
