La declaración del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el pasado viernes en Cúcuta, Colombia, sobre la posibilidad de utilizar una “intervención militar” preventiva, entre otras opciones, para resolver la crisis humanitaria y de gobernabilidad en Venezuela, causó “preocupación y rechazo” por la mayoría de los gobiernos que integran el Grupo de Lima (GL-10): Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Mientras Colombia, Canadá, Panamá y Guyana, también parte del grupo, se abstuvieron, aunque coincidieron con la identidad de propósito de “contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa [Venezuela]”.
En un diálogo de sordos, el GL-10 “[insta] una vez más al régimen venezolano a poner fin a las violaciones de los derechos humanos, a liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes del Estado y asumir su responsabilidad por la grave crisis que hoy vive Venezuela”.
Los regímenes de Venezuela y Cuba saben que sostener a Nicolás Maduro como presidente legítimo después del 10 de enero de 2019 es cuesta arriba, porque el Grupo de Lima, Estados Unidos, la Unión Europea, Australia desconocieron la elección presidencial del 20 de mayo.
Según la Constitución de Venezuela, el 10 de enero Maduro debe prestar juramento de ley sobre la Constitución ante el pleno de la Asamblea Nacional o el Tribunal Supremo de Justicia para asumir sus funciones como presidente durante el periodo 2019-2025. Por lo que a partir de este día, Maduro no tendrá legitimidad de origen para seguir en la Presidencia de Venezuela.
En el escenario de la restitución de la Constitución de Venezuela es que debe evaluarse la declaración de Almagro, porque el régimen de Maduro no tiene legitimidad de ejercicio desde 2016, cuando el secretario general de la OEA activó la Carta Democrática Interamericana por la “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”.
Han pasado dos años desde que las fuerzas políticas opositoras y los países democráticos de la región buscaron una salida “pacífica y negociada” a la grave crisis que atraviesa Venezuela. El resultado ha sido la profundización de la misma a niveles que trascienden las fronteras de Venezuela, además del fortalecimiento de la dictadura, a través del control social de los venezolanos, y del Estado-mafioso.
Según la última encuesta de Meganálisis: “Cerca de 6 millones de venezolanos estarían dispuestos a irse del país en algún momento, si Maduro no se va y la crisis continúa”. Y desde 2015, han abandonado el país 2,3 millones de personas, 7 de cada 100, de acuerdo con las cifras de la ONU.
Ecuador, hace tres semanas, abandonó la ALBA y criticó el régimen de Maduro “por la falta de voluntad política para abrir las puertas a una solución democrática” a la crisis migratoria venezolana. Sin embargo, ante la declaración de Almagro, planteó que “la comunidad internacional debe apoyar la organización de un verdadero diálogo nacional, transparente, democrático y con veeduría internacional en Venezuela”.
Hasta la presente fecha [el diálogo] ha sido el mecanismo utilizado por Maduro para burlar una salida “pacífica y negociada” a la crisis humanitaria y de gobernabilidad en Venezuela, porque la intención del régimen no es resolver estas crisis, sino mantener el poder a cualquier precio.
Maduro necesita de nuevo “el diálogo” para sobrevivir su ilegitimidad de origen después del 10 de enero de 2019. Por ello, cual “canto de sirenas”, Rodríguez Zapatero declaró al diario brasileño O Globo hace dos días que “ve nuevas condiciones para reiniciar el diálogo en Venezuela”.
Con este nuevo diálogo, “solución pacífica y negociada”, Maduro buscaría atravesar el umbral de la ilegitimidad, para ganar los 6 años del nuevo período presidencial. Por lo que la no participación electoral de la oposición en los eventos de 2017 y 2018 se convertiría en el mayor suicidio colectivo político de la historia de Venezuela.
Una vez legitimado Maduro, el discurso del régimen será que la oposición debe prepararse para el revocatorio en 2022. Será tarde. El control social de la población y las grandes olas migratorias permitirán que la dictadura siga hasta nuevo aviso.
Precisamente, para evitar la profundización de la catástrofe humanitaria actual y la consolidación de otra dictadura en el continente, Almagro dijo que todas las opciones son válidas –hasta la intervención militar– para sacar a Maduro y sus secuaces del poder. Para lo que se colocó cera en los oídos y se ató al mástil de
la democracia para surcar el mar de la libertad, retorciéndose del dolor cuando visitó la frontera colombo-venezolana.
Hasta ahora, las acciones de la salida “pacífica y negociada” han producido los mismos resultados, la permanencia de Maduro en el poder.
El GL-10 con su acción peca por omisión e interviene en Venezuela, sosteniendo el protectorado de Cuba y su vasallo, porque el país caribeño lo controla la inteligencia cubana desde hace rato. Y esta realidad no ha generado “preocupación y rechazo” por parte del GL-10.
Ante la situación de emergencia que atraviesa Venezuela, la intervención militar es una opción que cambiaría el curso de los hechos en el país bolivariano. De forma preventiva generaría las condiciones para lo que quiere la región, la salida de Maduro de manera democrática, pacífica y electoral. La última encuesta de Meganálisis registró que 8 de cada 10 venezolanos desean una intervención humanitaria multinacional.
La intervención militar preventiva es una de las vías para liberar a Venezuela de las garras de Cuba, y para restablecer la democracia y prosperidad en la nación suramericana.
Antonio de la Cruz
Antonio de la Cruz
