El repentino viaje de Saab y el “Defensor del Pueblo” a la Haya, en estos complicados tiempos de cuarentena, denotan un movimiento de emergencia
Parece que el equipo del fiscal general, Tarek William Saab, no habría llegado a tiempo para el lobby necesario ante la Corte Penal Internacional (CPI) y así contrarrestar, alargar o suavizar las acusaciones que se acumulan en esa instancia internacional sobre casos de violaciones a los derechos humanos en el país; pues, al momento de su llegada a La Haya, la emblemática colega del importante organismo, Fatou Bensouda, finalmente informó que “hay fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes que son de la jurisdicción de la corte en Venezuela”.
La Fiscalía de la CPI lleva a cabo exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos sobre la situación venezolana a donde han ido a parar expedientes con testimonios de diferentes víctimas a través de organizaciones no gubernamentales y abogados que, en representación de víctimas, han acudido a la instancia internacional luego de haber agotado todas las opciones de justicia en Venezuela. Los expedientes acumulados refieren casos por crímenes de lesa humanidad, agresiones, ejecuciones, torturas y desapariciones, entre otras causales.
En un comunicado, la CPI informó que este miércoles Bensouda se reunió con una delegación enviada por Nicolás Maduro, que incluía a Saab y al defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz.
Dicho encuentro, informó la CPI, brindó a la Oficina “la oportunidad de intercambiar con la delegación de la República Bolivariana de Venezuela sobre una serie de aspectos relacionados con el estado de los dos exámenes preliminares realizados por la Oficina en relación con Venezuela (”Venezuela I“ y ”Venezuela II“), iniciados en febrero de 2018 y febrero de 2020, respectivamente”.
Con respecto a la situación de Venezuela, Bensouda le comunicó a la delegación venezolana que la Fiscalía “había concluido su análisis de la materia y determinó que existían fundamentos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. En este sentido, la Oficina solicitó información sobre los procedimientos internos pertinentes y su conformidad con los requisitos del Estatuto de Roma”.
En cuanto a la situación en el examen “Venezuela II”, la Fiscal de la CPI puso al tanto a la delegación sobre el estado de la evaluación de la materia en curso de la Fiscalía, la cual tiene como objetivo “llegar a una determinación sobre si existe una base razonable para creer que la presunta conducta es de competencia de la Corte”.
Sin embargo, el fiscal Saab le dijo a la Fiscal de la CPI en el encuentro que “el compromiso del Estado venezolano y sus instituciones están al servicio de investigar, imputar, acusar y condenar, tal como lo ha realizado el Ministerio Público y los tribunales competentes, a los responsables de dichas violaciones a los Derechos Humanos en el país”.
De acuerdo con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter @TarekWiliamSaab, el fiscal y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, aportaron detalles de los avances del Sistema de Justicia de Venezuela para sancionar violaciones a los Derechos Humanos, por lo que la “CPI en este momento está en la fase preliminar para determinar si en Venezuela se han dado casos que puedan ser de su competencia y cómo ha sido la actuación de la justicia venezolana”.
También dijo que que las investigaciones se basarán “en la colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana y las atribuciones exclusivamente complementarias de la CPI a fin de reafirmar la potestad soberana del Estado venezolano para sancionar con base a lo establecido en nuestra Constitución los delitos contra los Derechos Humanos (DDHH)”.
Saab informó que, de igual forma, se compartieron avances sobre la denuncia realizada por el Estado venezolano de las criminales consecuencias lesivas a los DDHH, debido a las numerosas medidas coercitivas unilaterales impuestas en contra del pueblo venezolano por superpotencias mundiales.
Es de recordar que Bensouda, a quien se identifica como una funcionaria con posturas de izquierda y simpatías hacia la revolución chavista, tardó cuatro años para ordenar que se abriera el examen preliminar por crímenes de lesa humanidad por las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro.
Desde hace 16 años la CPI ha recibido denuncias, informes y casos documentados sobre violaciones a los DDHH en Venezuela por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sin embargo, los casos parecen no avanzar y la actual fiscal de la CPI ha pedido tiempo para conocer los expedientes documentados por distintas organizaciones como la ONU, la OEA y las ONG que han llevado a esa corte gran número de pruebas sin que exista hasta ahora un claro proceso investigativo.
Luego del informe producido por la Misión Internacional Independiente de la ONU, en la que señalan que tanto Maduro y altos funcionarios del gobierno estaban al tanto y dieron órdenes a los ejecutores de tales violaciones, la CPI se ha visto obligada a acelerar el proceso que ha sido denunciado como estancado por parte de Bensouda y los funcionarios de ese organismo.
El repentino viaje de Saab y el “Defensor del Pueblo” a la Haya, en estos complicados tiempos de cuarentena, denotan un movimiento de emergencia seguramente provocado por los pasos inesperados que está dando la CPI dadas las presiones ejercidas sobre ella.
De modo que este capítulo de violaciones a los DDHH pronto dará mucho qué hacer al comprometido gobierno de Maduro con una profunda crisis en el país que se suma a las denuncias internacionales por un ejercicio fuera de las leyes internacionales y el aislamiento al que está sometido por las democracias occidentales. Al parecer hasta Bensouda, que debe entregar el cargo a mediados del próximo año, y la CPI han optado por distanciarse de Maduro.
Francisco Olivares
@folivares10
