La controversia con Guyana
julio 22, 2015 6:41 am

Guyana siempre ha querido internacionalizar la controversia territorial, desde que obtuvo la independencia en 1966. Han progresado en esta estrategia y pese al convenio de Petrocaribe con el Caricom, no hemos logrado avanzar en este escenario. Ya en otras entregas hemos dicho que los gobiernos democráticos tuvieron visibilidad de consecuencias en el diseño de la política exterior. El tema de Guyana nunca fue dejado al azar ni mucho menos para que el ideologicismo definiera las actuaciones naturales del gobierno venezolano.

 

 

 

El gobierno de Rómulo Betancourt denunció el laudo de París de 1899 por írrito y nulo ya que ni siquiera las reglas establecidas para el arbitraje se cumplieron en dicho Laudo.

 

 

Raúl Leoni después de varias negociaciones y viendo que no se avanzaba logro el Acuerdo de Ginebra con la firma de la Gran Bretaña, la Guyana Británica y Venezuela.

 

 

El gobierno de Rafael Caldera en virtud de que la prioridad en ese momento era la delimitación de la aguas marinas y submarinas con Colombia, firmó el Protocolo de Puerto España en 1970 para suspender la aplicación del Acuerdo de Ginebra por 12 años, pero dejando claro que seguían vigentes los mecanismos establecidos en el articulo 4 y 5 de dicho Acuerdo.

 

 

En 1983 el Presidente Jaime Lusinchi reactiva el Acuerdo de Ginebra y lleva la controversia a la ONU, la ONU designa al ecuatoriano Diego Cordovez para determinar el método de solución pacifica de la controversia territorial. El diplomático Emilio Figueredo logra junto con su contraparte Shridath Ramphal, ex Canciller de Guyana, para entonces Secretario General de la Commonwealth, la figura de los buenos oficios y en 1989 el Canciller Reinaldo Figueredo Planchart de Venezuela y Rashley Jacson de Guyana se dirigen al secretario general de la ONU, Pérez de Cuellar, para informar que habían determinado que el método de solución pacifica según el artículo 33 de la Carta de la ONU era el del buen oficiante.

 

 

Desde 1989 ha habido tres buenos oficiantes, uno renunció y los otros dos murieron, el último fue Norman Girvan (2014). No se ha nombrado su sustituto.

 

 

Hago mención de estos hechos en virtud de que uno de los principios señalados en el artículo 2 del decreto que crea la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de la Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes de la cual formo parte designado- pudo haber sido otro con mas credenciales incluso- por la fracción de la alternativa Democrática en la AN según el artículo 3 de dicho decreto, es el principio de la Historicidad para resguardar la integridad territorial.

 

 

Recalco que la controversia territorial es sobre el Esequibo y jamás al área marina situada al oeste de Punta Playa.

 

 

Fundamental también si queremos fortalecer el poder de negociación como estado es que recuperemos la calidad de la democracia garantizando y promoviendo los derechos humanos.

 
William Dávila