Hay un país sumido en la más profunda crisis cuando la justicia no se hace sentir
Sin justicia no hay democracia, ni Constitución, ni Estado de Derecho y así lo sienten y expresan las víctimas dolientes de la delincuencia, a las puertas de la morgue. Este clamor por la justicia no encuentra otra respuesta por parte del Estado que no sea la impunidad general por la ausencia absoluta de toda investigación penal eficaz, de un juicio justo y de una oportuna sanción en caso de condena.
El Estado de Derecho no es una entelequia. Exige la vigencia y el efectivo sometimiento a la ley, garantizado por un Poder Judicial que debe cumplir su función al margen de intereses circunstanciales ajenos a lo que el Derecho pauta como camino hacia la búsqueda de la justicia.
Nuestro Poder Judicial se ha convertido en un simple apéndice del Poder Ejecutivo, llegando al extremo de que el Presidente, abiertamente, ha declarado que un procesado, como Leopoldo López, debe ser castigado como responsable por los delitos cometidos, sin que se haya dado pronunciamiento alguno de un Tribunal y sin que el Juez del caso haya protestado por tan descarada intromisión en el proceso a su cargo, en el cual debe decidir conforme a su conciencia y al derecho.
Ahora, ni siquiera se cubre la formalidad de declarar que un asunto corresponde al Poder Judicial y que sus decisiones serán respetadas. Simplemente se dictamina y se comienza a ejecutar una pena, como si no existiera la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en libertad, el trato digno a un encarcelado y el respeto al dolor de su esposa, hijos, padres, amigos y de cualquier ciudadano que crea en la institucionalidad democrática.
Sin duda, hay un país sumido en la más profunda crisis cuando la justicia no se hace sentir y se la pretende colocar al servicio de intereses políticos.
Sobre este tema de la administración de justicia y, en particular sobre la justicia penal y el Estado de Derecho se han orientado mis escritos por más de 14 años, con excepciones del tratamiento de otros temas, comentarios sobre cine o teatro, en circunstancias específicas y como reflejo de la realidad del país, así como un conjunto de artículos referidos al mundo de los animales y, en particular, al maravilloso mundo de los perros que, como me lo advirtió Miguel Maita, al parecer tuvo más lectores que los referidos al tenebroso mundo del derecho penal.
Concluyo con este, el ciclo de colaboraciones con El Universal, dejando expresa constancia del más absoluto respeto a la libertad de mis comentarios, nunca censurados u objetados, hasta ahora -lo que nunca aceptaría- a pesar de insistir, una y otra vez, en la tragedia de nuestra justicia penal, vapuleada, abandonada, con la excepción de algunos jueces honestos que cumplen con su deber, dispuestos a decisiones que puedan considerarse «heroicas».
Gracias a los lectores; gracias a Miguel Maita, ejemplo de disciplina, y del rigor necesario para ajustar los textos a las exigencias formales de la página; gracias a Juan Martín Echeverría, quien me entusiasmó con el reto de traducir, en palabras sencillas, la jerga de los abogados que contamina la armonía del Derecho.
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