Justa respuesta del Gobierno a Nicolás Maduro
enero 29, 2018 7:47 am

La decisión del Gobierno de declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, es dolorosa, pero proporcionada y justa. Constituye además, una firme respuesta de nuestro Gobierno ante la irresponsable y arbitraria decisión del régimen chavista de anunciar la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, provocando una crisis diplomática de imprevisibles consecuencias. La continua provocación a España del dictador agonizante en que se ha convertido Nicolás Maduro no es sino una burda estrategia para tratar de ocultar los graves problemas sociales y económicos en los que está sumida Venezuela, un movimiento de distracción para culpar, de nuevo, a un tercer país de las carencias de todo tipo que tienen que soportar a diario los ciudadanos venezolanos. El pasado martes, en un nuevo ejemplo de grosería y violencia verbal, Maduro acusó a Rajoy de «racista», «colonialista» y de dirigir el «gobierno más corrupto» de la historia de España.

 

 

Pero además, esta inesperada agresión es el síntoma de la preocupación de Maduro por las sanciones contra su país anunciadas por la UE hace unos meses y adoptadas formalmente el pasado lunes. Con ellas, Bruselas se une a EEUU y Canadá en la presión al dictador venezolano para que avance en las negociaciones con la oposición y se comprometa a respetar los derechos humanos y a restaurar las libertades cívicas y políticas que paulatinamente ha ido conculcando. De hecho, una de las sanciones hace referencia al veto a la venta de material militar o que pueda ser utilizado para reprimir a la población, como ha ocurrido de manera reiterada en los últimos meses.

 

 

Sin embargo, pocas esperanzas pueden ponerse en la mesa de negociación de Santo Domingo, ya que este recrudecimiento diplomático ha sucedido a tres días del próximo encuentro entre los representantes del Gobierno y la oposición. La Unión Europea, por su parte, mostró ayer su apoyo a España al condenar «firmemente» el trato dado a nuestro embajador y recordó que la imposición de las sanciones no son en absoluto caprichosas sino que están sujetas a las decisiones tomadas por el régimen y que afectan a su propia población y al sistema político, imbuido de una deriva dictatorial.

 

 

El chavismo, que no ha arremetido contra la diplomacia europea en bloque, acusa a España de ser la principal promotora de unas sanciones que implican a varios altos cargos y funcionarios del régimen, entre ellos el número dos, Diosdado Cabello, que consisten en la congelación de sus activos financieros y la prohibición de viajar a ningún país miembro de la UE.

 

 

Del alto nivel de corrupción del régimen venezolano es claro ejemplo la información que desvelamos hoy. La Audiencia Nacional investiga una querella presentada por la actual dirección de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) contra el que fuera su presidente en la época del Gobierno de Hugo Chávez, Rafael Ramírez. El régimen de Maduro pretende así culpar a la antigua cúpula de PDVSA de la desviación de fondos públicos así como de unas transferencias de capital realizadas en España. El fiscal general, Tarek Saab, al que la UE ha incluido en la lista de altos cargos sancionados, ha anunciado que solicitará una orden de busca y captura contra Rafael Ramírez. No obstante, lo que oculta esta denuncia no es sino un ajuste de cuentas político, ya que Ramírez disputó a Maduro el liderazgo del chavismo en las últimas elecciones primarias para optar a la candidatura al Gobierno en los próximos comicios.

 

 

La dictadura venezolana debe revertir cuanto antes sus políticas antidemocráticas y devolver las libertades a sus ciudadanos. Sólo así logrará que la comunidad internacional retire su presión y levante las sanciones. Decisiones como las de expulsar al embajador español van en contra de los venezolanos, que se encuentran cada vez más aislados.

 

Editorial de El Mundo.es