Por donde quiera que uno pase, incluso fuera del país, la pregunta recurrente es si habrá elecciones parlamentarias en Venezuela.
La respuesta no es fácil, si bien es cierto que el mandato constitucional sanciona que la nueva Asamblea Nacional debe instalarse en los primeros días de enero de 2016. La interrogante, la duda, es válida frente a la incertidumbre creada por el Consejo Nacional Electoral al negarse a convocar las elecciones para una nueva legislatura de acuerdo con la Constitución y la ley electoral. Venezuela vive una delicada crisis política que urge de los espacios institucionales, de la consulta en las urnas para confrontar las diferencias, evaluar los acuerdos posibles que eviten a los venezolanos mayores padecimientos.
La rectora Lucena, máxima autoridad del organismo electoral, se había comprometido a que en los días siguientes al fin de la Semana Santa anunciaría la fecha de las elecciones parlamentarias. Casi finaliza junio y la rectora presidenta no ha honrado su palabra ¿Por qué entonces tanto alboroto en la Asamblea Nacional con las críticas a Lucena que ha hecho, entre muchos otros, el excandidato de la plataforma unitaria de la oposición Henrique Capriles, cuando es pública y notoria una tardanza inaceptable, inconveniente para la tranquilidad del país ?
La Constitución obliga al Poder Electoral a garantizar procesos electorales equilibrados, imparciales, con transparencia y eficiencia. La no convocatoria oportuna de unos comicios previstos en la Constitución coloca al CNE al margen de la carta magna. Es sabido que a la rectora Lucena le fueron presentadas las tres posibles fechas que, atendiendo a criterios técnicos, los organismos regionales consideran viables: el 8 de noviembre, el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. ¿Por qué las rectoras no toman la decisión? ¿El asunto está en manos de Maduro? ¿Quién, en fin de cuentas, toma tan importante decisión?
Cumplir con el mandato constitucional de elecciones limpias, imparciales y transparentes va mucho más allá de la fijación de una fecha. En consecuencia, este retraso da motivos para pensar que los venezolanos acudiremos a unos comicios sin las mínimas garantías que establece la ley y que son normas inequívocas en los estándares internacionales. Cuando Lucena, finalmente, anuncie la fecha de las elecciones parlamentarias será muy difícil contar con una observación internacional calificada, pues el margen temporal es muy estrecho. Afortunadamente tanto la OEA como la Unión Europea, con experiencia en Venezuela, han mostrado su interés de participar ante el silencio estruendoso de las rectoras del CNE.
Observación calificada es algo más completo y más complejo que el «acompañamiento» impuesto por el organismo electoral en los últimos procesos, suerte de turismo electoral el día de las elecciones. Sin la fecha de las elecciones, la propia institución no activa los procedimientos y campañas adecuadas para el estímulo y la capacitación de los miembros de mesa, no se activan las campañas de promoción del voto y de la participación electoral. Sin la existencia de la fecha concreta de los comicios se favorece el obsceno ventajismo del gobierno en la utilización de medios públicos, de la misma manera que se consiente la irregular participación de funcionarios en una campaña electoral que si bien no ha sido convocada oficialmente existe de facto. El CNE, cómplice, se escuda en la inexistencia de normas de «precampaña» que el propio organismo está obligado a dictar.
Finalmente, lo esencial, no se crea el clima propicio para el debate y la confrontación política para que el elector bien informado ejerza plenamente su derecho de elegir.
¿Habrá elecciones?
Oscar Lucien
