El 13 de agosto de 2020, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig S. Faller, afirmó en un foro virtual del Atlantic Council que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro es una amenaza para la libertad democrática en las naciones vecinas de América del Sur. Esto debido a la gama de actividades delictivas que se derivan del narcotráfico, el tráfico de armas, la extracción ilícita de oro y el blanqueo de capitales. Y, además, al apoyo que recibe de los regímenes aliados como Rusia, Cuba, Irán y China.
Una semana después, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció que el gobierno de facto de Maduro estaría negociando con Irán la compra de misiles de corto y largo alcance, lo que, en su opinión, pone en peligro la paz continental. “Hay información de organismos de inteligencia de carácter internacional que dan cuenta de que hay un interés de parte de Nicolás Maduro de adquirir esas armas”, dijo el mandatario.
El heredero de Hugo Chávez busca armarse con misiles tierra-aire ante la eventualidad de que el bloqueo de Estados Unidos al régimen y los ataques de Trump pasen al terreno militar en el caso de ser necesario para ganar la reelección presidencial o en un futuro segundo mandato 2021-2025. “Invadir Venezuela sería cool”, dijo Donald Trump según las revelaciones que hizo el exasesor de seguridad John Bolton en su reciente libro The Room Where It Happened.
Por ello, los misiles que supuestamente va a adquirir el régimen bolivariano a Irán serían del tipo Taer 2, fabricados desde 2012, de alcance medio, guiados por radar y alimentados con combustible sólido. Diseñado para defenderse de las amenazas aéreas a altitudes de hasta 25-27 km y a distancias de hasta 50 km.
Actualmente, Venezuela cuenta con sistemas antiaéreos rusos obtenidos entre 2011 y 2014. Según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo son 3 unidades del S-300, otras 3 del Buk M2A y 11 del S-125 (obsoletos).
Con esta negociación el régimen chavista busca reforzar aún más el poder de disuasión ante un posible ataque aéreo, que sería la estrategia empleada por Estados Unidos en caso de que llegara a concretarse una intervención militar en Venezuela, como sucedió en la reciente guerra de Siria con la aviación rusa. O una acción militar como la que mató al general iraní Qasem Soleimani en Irak. Lo cierto es que Maduro ha dejado de dormir “como un bebé”, como le dijo a la periodista de CNN Christiane Amanpour, desde que le pusieron precio a su cabeza: 15 millones de dólares.
Sin embargo, llama la atención que Rusia no fuese el proveedor del sistema antiaéreo, como ocurrió en 2011. Al parecer el Kremlin sabe que Venezuela no posee la capacidad de pago para adquirirlo. Esto hizo que Maduro recurriera entonces al régimen de los ayatolás, que sí estarían dispuestos a financiar la operación a cambio de oro. De la misma manera que hizo con la reparación de las refinerías de Pdvsa y la venta de gasolina hace 2 meses, cuando recibió como cancelación 9,4 toneladas de oro, de acuerdo con información de la agencia de noticias Bloomberg.
Por ahora, la hipótesis de conflicto con Colombia para destruir objetivos de valor estratégicos en territorio neogranadino no parecería la razón de la compra de los misiles iraníes.
El régimen de Maduro sabe que un ataque desde Colombia es actualmente difícil por la crisis socioeconómica que ha generado el covid-19 en ese país y el control que tienen los miembros del ELN, disidentes de las FARC y narcotraficantes en las zonas fronterizas. Grupos irregulares a los que oficiales del Ejército venezolano vinculados al tráfico de pertrechos venden armas desincorporadas de la Fuerza Armada. Por ejemplo, los 35 fusiles FN FAL, calibre 7,62, de fabricación belga que fueron incautados por la Policía Judicial e Inteligencia de Colombia hace 12 días. El armamento estaba identificado con el Escudo Nacional de Venezuela y la inscripción Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un hecho que fue ratificado por el ministro de la Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo.
Hoy, el régimen de Maduro está inmerso en una red de actividades ilícitas que obligó al titular del despacho de la Defensa a revertir cinco resoluciones, lo que lesionó la estructura militar al vulnerar la disciplina. La lucha de intereses por controlar los comandos en los que hay más movimiento de dinero lo llevó a modificar los nombramientos de la Guardia Nacional Bolivariana en los lugares que domina la guerrilla, el narcotráfico y el contrabando. Una demostración de que la estructura de apoyo al régimen depende casi exclusivamente de las actividades ilícitas para enriquecerse. Las sanciones estadounidenses han venido secando los dólares obtenidos por la vía de la corrupción y contrataciones públicas.
En esta realidad se mueven los factores de poder que sostienen el régimen bolivariano. Por lo tanto, su naturaleza de corporación criminal hace que sea un “centro de amenaza y ataque a la región”. En consecuencia, es imperativo eliminar el apoyo interno e internacional con el que cuenta para garantizar la paz, la democracia y la seguridad del continente.
Antonio de la Cruz
