Todos lo sabemos, pero es bueno recordarlo. El Poder Público dejó de ser absoluto y se dividió en ramas autónomas para evitar el absolutismo de reyes, zares y dictadores. Legislativo, Judicial y Ejecutivo es lo típico, que se vigilen y controlen entre sí. Hugo Chávez se inspiró en Bolívar para incidir que la Constituyente agregara en Venezuela los poderes Electoral y Ciudadano.
De hecho, la Constitución Nacional delimita quirúrgicamente sus competencias y establece claramente los mecanismos para la elección o designación de cada uno, de forma tal que todos se contrapesen y se evite que nadie acumule poder absoluto. Teoría, lamentablemente, pura teoría.
La práctica es otra. Desde que fueron designados los integrantes de los poderes que conforman el Poder Público, acorde con los procedimientos establecidos en la Constitución, ninguno de estos poderes ha tomado alguna decisión contraria a los intereses políticos del entonces presidente Chávez o del mandatario Nicolás Maduro. De hecho, poderes como el Legislativo en varias ocasiones ha delegado en el Presidente la facultad constitucional de hacer las leyes. El Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido nunca contra un acto del Presidente. Y así, el resto.
En la práctica, el Gobierno tiene trece años sin contrapeso institucional. Tiene el poder total, pero sólo tiene el monopolio del poder que se escribe con mayúscula, el del Estado. Es importante, no es suficiente.
El poder en general tiene tres orígenes: la capacidad de castigar, la capacidad de premiar y la capacidad de convencer; fuerza, seducción y persuación. Todos los Estados tienen la primera, los gobiernos autoritarios abusan de ésta. También cuentan con la segunda, los gobiernos populistas abusan de ésta. Son capacidades inherentes al Poder Institucional, aquí y en la Conchinchina. El poder de convencer es otra cosa.
Un ciudadano puede someterse al Estado por temor a la represión: si me paso la luz roja, me ponen una multa. También por búsqueda de una recompensa: si llevo a otras personas en mi carro, puedo transitar por el canal de contraflujo. Estos poderes dependen de la percepción de vigilancia. Si nadie se da cuenta, se puede pasar la luz roja o ir en el contraflujo sin pasajeros.
En el caso venezolano, los típicos poderes de castigar y premiar han sido denunciados como partidizados: “Si estás con la oposición, te boto”, han dicho algunos ministros.
Pero, insisto, el poder de convencer es otra cosa. Una cosa es no comerse la luz roja por temor, y otra distinta por convicción de que si todos la respetamos evitamos la anarquía. La primera requiere vigilancia, la segunda convicción.
Eso explica por qué un gobierno con el control total del Poder Institucional –es decir, con la capacidad de premiar y castigar– haya mermado de manera importante su caudal electoral. El poder de convencer no es inherente del Poder Institucional. El poder de convencer es lograr que una idea florezca en la mente de otro y el otro la asuma como suya. Eso no se compra en botica. Si la idea es verdad, es buena, es bella, es justa, el convencimiento será sencillo. Básicamente requiere información y credibilidad en la fuente. Por el contrario, si la idea es contraintuitiva, falaz y manipuladora, el convencimiento requiere de un esfuerzo notable en amplitud y frecuencia del mensaje. Para eso se requiere hegemonía comunicacional y control de la educación. Si no, ¿para qué?
La importante migración de electores oficialistas hacia la oposición indica que el Poder Institucional no ha bastado. El poder de convencer también lo tienen los vecinos. Usarlo es un derecho. En ocasiones, un deber.
