En medio de las protestas generalizadas en el país, Nicolás Maduro lanzó el «Plan de Pacificación», el número 22 que se aplica en los últimos quince años para disminuir los índices delictivos. Se trata de un compendio de muchas de las medidas que en el pasado no han rendido ningún resultado positivo. El gobierno sigue en la línea de la improvisación y la demagogia en materia de seguridad ciudadana.
En los 10 meses que lleva en el gobierno, Maduro ha aplicado la misión «A Todavía Venezuela», el plan «Patria Segura» (el cual se dividió a su vez en el «Movimiento por la Paz y la Vida», los «Corredores Seguros», el «Patrullaje Inteligente» y el «Sima») y ahora viene con este «Plan de Pacificación». Es claro que estos constantes cambios nominales sólo pretenden mantener la esperanza de una futura mejora en seguridad ciudadana.
El diagnóstico del problema continúa siendo errado. Maduro insiste en culpar a las películas, las novelas y al capitalismo del auge delictivo. Mientras no se ataquen las verdaderas causas del aumento de la criminalidad en Venezuela, nada va a mejorar. Uno de los puntos del plan consiste en la creación de una «nueva cultura comunicacional», que pretende alcanzar también a la televisión por cable, lo cual pareciera ser solo una excusa para profundizar la censura a los medios de comunicación del país.
En la presentación del plan, Maduro mencionó que ya tienen ubicadas a 600 bandas delictivas, con las cuales «ya han conversado». Si esto es cierto, ¿por qué el gobierno no ha apresado a los miembros de estas agrupaciones criminales? Los que han atentado contra la vida y los bienes de los venezolanos deben ser sancionados. En Venezuela no se ha decretado ninguna ley de amnistía que le quite el carácter punible a las fechorías que han cometido estas bandas.
Otro punto preocupante es el relativo al despliegue de «territorios de paz y convivencia en todo el país». En el pasado este tipo de iniciativas han sido interpretadas por los grupos delictivos como la concesión de espacios para actuar impunemente. Hace pocos días una banda criminal decretó una especie de toque de queda en Ocumare del Tuy por considerar que su «territorio de paz» fue vulnerado por el Cicpc.
El plan contempla también la creación de una brigada especial policial-militar para «investigar y combatir a los grupos de narcotraficantes y paramilitares que vienen al país a ejercer sicariato, enviados desde Colombia». Llama la atención que deba crearse un ente «especial» para encargarse de una competencia natural de las fuerzas de seguridad del Estado. Esperemos que esta nueva brigada no sea utilizada para acentuar la persecución de la disidencia política.
El resto de los puntos de este plan son refritos que ya han sido ofrecidos en el pasado. Tienen que ver, por ejemplo, con mejorar los cuerpos policiales, el desarme de los delincuentes, la promulgación de nuevas leyes a través de la Habilitante y la optimización del sistema carcelario.
Los venezolanos no necesitamos ser pacificados. Lo que requerimos, y con carácter de urgencia, es seguridad ciudadana.
Twitter: @luisizquiel
Por Luis Izquiel
