“La existencia de una hermandad venezolano-colombiana se ha divulgado hasta la fatiga, pero no tiene asidero en la realidad. Estamos ante dos sociedades que han hecho su historia de manera diversa desde tiempos coloniales”. (Elías Pino Iturrieta: El Nacional, 06-09-15).
1) Detrás de la solemnidad de las palabras, de la invocación perpetua a la hermandad entre Venezuela y Colombia, se ocultan algunas falsedades. Es cierto que ambas naciones tienen raíz común. Nadie lo discute. Pero hay un detalle que, cuando se analiza, adquiere singular importancia. Me refiero a la visión y a la praxis que los dirigentes del vecino país tienen acerca de esa relación y de su manejo. No se trata del sentir de sus pueblos que poseen una evidente y respetable identificación humana.
La historia de la relación entre Venezuela y Colombia está marcada por desencuentros que, por obvias razones, no reseñaré en detalle en esta columna. Pero sin duda, existen, subyacen. A cada momento se manifiestan y, en ocasiones, casi generan graves conflictos, incluso de carácter bélico. Esa relación está montada sobre delicados lazos, con un trasfondo de reticencias y negaciones controladas con dificultad. Todo lo cual se origina en el desprecio hacia Venezuela —a duras penas reprimido— de la clase dirigente que conforma el establecimiento político y económico colombiano. Clase que concibe no una relación entre iguales, sino una basada en privilegios unilaterales.
Lo que hoy ocurre con la frontera lo confirma. Los gobiernos colombianos han subestimado en el tiempo la responsabilidad que tienen en la acumulación de problemas a lo largo de la frontera con Venezuela. Estoicamente el Estado venezolano ha soportado que Colombia descargue, en esa extensa área, las más insólitas prácticas delictivas, y torcidos manejos, para beneficio propio. Todo cuanto se refiere a contrabando de extracción, bachaqueo, penetración paramilitar, manipulación monetaria, tiene que ver con omisiones calculadas de Colombia en algunos casos, y, en otros, con una deliberada política destinada a causar problemas a Venezuela, inscrita en estrategias desestabilizadoras. Lo cual explica lo aparentemente inexplicable: que alimentos, combustible, medicamentos, enseres domésticos, adquiridos por mafias en el país, atraviesen la frontera, se vendan libremente en territorio colombiano y pechados por Alcaldes de distintas localidades. O sea, la legitimación impúdica del delito.
La relación Colombia-Venezuela es, en apariencia, tersa —por decirlo de alguna manera—, pero si se la escarba un poco está envenenada. Y la mayor responsabilidad en esa realidad corresponde a la dirigencia colombiana que esconde sus divergencias, o las edulcora, pero siempre mantiene sus aviesos propósitos. Como ocurre cuando tres personajes que se odian entre sí, Santos, Uribe y Gaviria, coinciden en atacar al gobierno venezolano y al presidente Maduro. Si miramos al pasado hay que recordar la insensata provocación montada por el presidente Virgilio Barco cuando decidió colocar la corbeta Caldas en aguas del Golfo de Venezuela, gesto que puso a las dos naciones al borde de la guerra. También —para desmemoriados—, cuando el expresidente Alvaro Uribe se lamentó públicamente que le había faltado tiempo para ordenar un ataque armado contra Venezuela. No pretendo enracer más el clima de la relación Venezuela-Colombia. Pero considero que lo que ayuda a una vecindad cordial, beneficiosa a ambos países, es la verdad y poner de lado la viveza. La paz se funda en la transparencia, en el juego limpio, y no en la simulación y el engaño.
*Claves secretas
La dirección política colombiana —con excepciones— practica contra Venezuela un doble juego en el cual tiene amplia experiencia. Con motivo del cierre de la frontera asume el papel de “yo no fui”. Se desentiende de los motivos que dieron pie a la medida del gobierno venezolano. Se refugia en evasivas y apela a la falaz versión de que las autoridades venezolanas pretenden echarle la culpa de los problemas que padece el país… MIENTRAS TANTO, se hace el loco ante las verdaderas causas del problema. A la forma como el gobierno colombiano acoge en su territorio el producto del delito de las mafias venezolanas que envían por la frontera toneladas de alimentos, medicamentos y combustible que luego son comercializadas impunemente en su territorio…
Ante la aplicación del estado de excepción el Gobierno colombiano, los medios y la partidocracia, montaron una fiesta. Tergiversaron los hechos. Mintieron descaradamente y difundieron en el mundo un mensaje de descrédito de Venezuela… ES CURIOSO, el gobierno colombiano se envuelve en la bandera de los derechos humanos, a sabiendas de la falsedad de lo que afirma. Monta un show en Cúcuta y lo apuntala con la presencia del inefable Secretario General de la OEA, el uruguayo Almagro. Actitud grotesca que demuestra la mala fe y que retrata, de cuerpo entero, lo que es la clase política colombiana, la mayor violadora de los derechos humanos en la región. Cada uno de los expresidentes, exministros y dirigentes políticos —junto a jefes militares— tiene prontuario por su participación en masacres, torturas, falsos positivos, paramilitarismo, vínculos con el narcotráfico, y en el éxodo de millones de colombianos humildes —solo en Venezuela hay más de cinco millones— que huyen de la violencia impuesta por el terrorismo de Estado en sus diversos matices… *EL GOBIERNO de Santos reacciona —y no hay porqué extrañarse, dada la trayectoria pasada del personaje—, con la dualidad propia de la clase política a la que él pertenece. Habla de diálogo y lo rehúye. Pide hablar, pero pone condiciones. Condena los ataques verbales que atribuye a Maduro y, simultáneamente, arma una campaña feroz contra éste al que ofende personalmente. Al mismo tiempo, mueve los hilos del poder para involucrar al Procurador, al Fiscal y al Alcalde de Cúcuta en una campaña miserable, consistente en anunciar que llevarán ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a Maduro y la cúpula del gobierno por delitos de lesa humanidad. Ahora bien, ¿qué tal si se planteara algo similar con Santos, por ejemplo, solicitar ante la CPI su enjuiciamiento por el bombardeo a Sucumbíos que costó la vida a Raúl Reyes y a numerosas personas —algunas de ellas estudiantes—, y con violación de la soberanía de Ecuador? Claro que no es lo mismo en cuanto a personajes, porque mientras Santos tiene sangre en las manos, ni Maduro ni los miembros de su gobierno la tienen. Destaco este aspecto porque aclara quién juega sucio y quién no…
Al gobierno colombiano hay que hablarle con firmeza. Es el momento de hacerlo. Nada de andar rogándole a Santos una reunión. El diálogo no es un favor que se pide. Simplemente se asume, si hay condiciones y disposición de hacerlo… *
En medio de esta situación, destaca la actitud deplorable de la oposición venezolana. Que no siente al país. Que está con Guyana en vez de estar con Venezuela, y que está con Colombia en lugar de estar con Venezuela. Después se molesta cuando se la califica de apátrida… HACE FALTA Diego Salazar, dirigente revolucionario ya fallecido, militante del Psuv, preso y torturado durante la dictadura de Pérez Jiménez y en la IV República. Circula una nueva edición de sus libros Los Últimos Díaz de Pérez Jiménez y Después del Túnel. Los recomiendo para refrescar la memoria.
