Sin Censura

Para el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup está claro que el gobierno de Nicolás Maduro no quiere deslastrarse del fracasado modelo económico que llevó al país al desastre económico.

 
Escribo este artículo antes de que la AN en sesión especial del viernes 22 decida sobre el decreto de emergencia económica número 2184, consignado por el presidente Nicolás Maduro en el acto de su Memoria y Cuenta ante el parlamento nacional, y después también que el mismo Maduro mediante pretextos burdos se negara a cumplir su promesa de respetar la obligación constitucional de sus ministros a informar al poder legislativo nacional.

A poco de recibirlo, leí las motivaciones y disposiciones de dicho texto, sin sorpresa alguna ni sobre las unas ni sobre las otras porque simplemente se trataba de más de lo mismo: los mismos falsos supuestos, las mismas medidas discrecionales e intervencionistas que durante 17 años se han aplicado arruinando al país, el mismo estatismo ineficiente y depredador, las mismas promesas fantasiosas que con la pócima mágica del recetario habrán de enmendar todas las tragedias causadas por enemigos imaginarios excepto por el propio gobierno que en definitiva es el único y verdadero responsable de la fulana guerra económica que ha devastado a Venezuela con su secuela de desabastecimiento, inflación, inseguridad y colapso de todos los servicios públicos.

Sin ser especialista, basta leer el decreto para advertir su inutilidad, que ni como excusa tardía sirve para que el régimen advirtiera, ¡al fin! lo que todos los venezolanos saben de sobra porque lo padecen cotidianamente en el estómago y en el bolsillo: que estamos en presencia de una descomunal crisis sin precedentes que es económica y social e hija de la aplicación de un modelo dogmático que ha fracasado comprobadamente en todos los países del universo.

Creo que lo importante es examinar la verdadera intencionalidad del decreto como instrumento político de un régimen que no tiene escapatoria. Si la AN lo aprobase, pasaría a compartir los costos de todo tipo que su aplicación apareja, empatándose con un gobierno que trata en su fase terminal de buscar solidaridades a las que nunca antes apeló porque siempre se creyó autosuficiente. De consiguiente, también la AN se haría corresponsable de la aplicación del decreto que va a terminar en un nuevo rotundo y estruendoso fracaso. Si lo rechaza, sirve la excusa perfecta del gobierno que dirá que no puede resolver los problemas porque la AN negó la solución. Este ardid gubernamental parte del supuesto de creer que el país es tonto cuando verdaderamente no lo es pero es de nuestra responsabilidad explicar claramente a los ciudadanos todos los aspectos de la jugarreta.

Creo que la AN no aprobará el decreto sencillamente porque es imposible aprobarlo. También creo que recomendará soluciones alternativas para resolver o al menos paliar los problemas del país, aun en la certeza de que el gobierno no acogerá ninguna recomendación porque continuará aferrado al modelo fracasado, herencia nefasta que el ilustre difunto les dejó como lastre para sumergirlos en lo más profundo del hueco que él comenzó a cavar. Lo más lamentable de todo es que el gobierno, incapaz de un gesto de grandeza, sigue irresponsablemente estirando la cuerda y tentando demonios que cuando se desaten no estará en capacidad de contener. Uno sabe cosas que preferiría ignorar. En América Latina y particularmente en nuestra Venezuela, la democracia se parece más a lo transitorio e inestable que a un régimen permanente y consolidado. Cuestión de rememorar nuestra historia republicana desde 1811 hasta hoy.

Henry Ramos Allup

@hramosallup