En Argentina, en diciembre de 2001, un gobierno de derecha, encabezado por Fernando de la Rúa y con Domingo Cavallo como ministro de economía, prohibió a los ciudadanos disponer libremente de sus depósitos bancarios, limitando los retiros en efectivo a un máximo de 250 dólares por semana. Esta medida, popularmente conocida como “el corralito”, además de evitar la salida de dinero del sistema bancario, perseguía lograr una mayor utilización de los medios de pago electrónicos. Sin embargo, antes de que transcurriera un año, las protestas de la gente en la calle condujeron a la caída del gobierno de De la Rúa y a una crisis política (y económica) sin precedentes. Con sus diferencias, esas medidas económicas son el antecedente inmediato de lo que hoy está pasando en Venezuela.
Al contrario de lo que ocurrió en Argentina, en el caso venezolano no ha sido necesario ningún decreto prohibiéndonos disponer de nuestros depósitos bancarios; aquí, todo se ha hecho manu militari. Independientemente del monto que tengamos depositado en el banco, no tenemos libertad para disponer de esos fondos mediante una transferencia bancaria, no podemos usar nuestras tarjetas de débito más allá de un monto máximo permitido por día, semana o mes, y ni siquiera podemos cobrar un cheque equivalente a menos de veinte centavos de un dólar de Estados Unidos. No hay dinero en efectivo, y los bancos tampoco disponen de chequeras. La opción es el trueque, preconizado por el comandante eterno, o el petro, esa criptomoneda inventada por el chavismo, que tiene su respaldo en el oro, el coltán y los diamantes que aún se encuentran bajo tierra, ocultos a la voracidad de los corruptos.
En los años del corralito, Argentina no conoció la hiperinflación que hoy agobia a Venezuela. Aún así, en ambos casos, las consecuencias de una política económica torpe se convirtieron en una verdadera tragedia para los sectores más humildes de la sociedad, impedidos de satisfacer sus necesidades más elementales. Pero la duración y la dimensión de ambas crisis no son comparables. El corralito de Cavallo no alcanzó a durar un año, mientras que el invento de Maduro parece no tener fin. Puede que no disponer de dinero en efectivo impida algunas frivolidades (si es que comprar el periódico, pagar un estacionamiento o dejar una propina, puede calificarse como tal); pero lo cierto es que los ciudadanos no disponen de efectivo ni siquiera para costear el transporte público que les lleve a sus ocupaciones, y que millones de venezolanos se van a la cama sin haber comido. Esa es solo una parte de la crisis humanitaria por la que estamos atravesando, y que tanto ha llamado la atención de la prensa internacional. ¡Ni Haití se encuentra en una situación semejante!
Pero hay otra diferencia importante. En la Argentina de De la Rúa no había presos políticos, había prensa libre, un Poder Judicial relativamente independiente, y los ciudadanos pudieron salir a la calle a protestar. Además, el presidente argentino oyó el clamor de la gente, y renunció para dar paso a otros líderes que pudieran hacer frente a los desafíos de ese momento. No es ese el caso de la tierra de Bolívar.
En Venezuela no hay solamente un corralito financiero, que nos impide disponer de nuestros depósitos bancarios. Hay un corral que también tiene dimensiones políticas, que coarta el derecho a protestar, que nos mantiene cautivos en nuestras casas para protegernos del hampa, que nos obliga a entrar al redil del PSUV para obtener una bolsa de comida, y que impide acceder a un pasaporte para emigrar. Este no es un corralito; es un corralón regentado por una camarilla corrupta, torpe y terca, empeñada en mantener cerradas las compuertas de la libertad, incluso si eso puede costar la vida de millones de venezolanos.
Héctor Faúndez
