Han concluido las audiencias y se espera por la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del profesor Allan Brewer, uno de los juristas de mayor renombre en el campo de Derecho Público, quien fuera constituyente, ministro de Estado durante la Venezuela prerrevolucionaria, y formador de legiones de abogados constitucionalistas y administrativistas a lo largo de 50 años. El Estado lo persigue con saña de Caín, pues le endosa responsabilidad en un hecho falaz construido en la imaginación colectiva por adversarios políticos y también académicos. Le atribuyen redactar el decreto por el que Pedro Carmona asume la jefatura del Estado y disuelve los poderes públicos luego de que Hugo Chávez acepta renunciar -pero lo niega- a pedido de sus compañeros armas, en razón de la masacre del 11 de abril de 2002.
En una decisión que será histórica, la Corte Interamericana no desandará, sin embargo, las realidades de este hecho crucial, que parte en dos la historia de los venezolanos. La revolución, a partir de 1999, cuida sus modales democráticos mientras de modo encubierto -bajo la asesoría de Fidel Castro, quien en 1959 rechaza ser comunista- avanza hacia los predios del marxismo; después, sobre la masacre de Miraflores, cuya verdad rechaza ventilar Chávez a pesar del pedido de la OEA y el Centro Carter -hubo 100 víctimas de balas, 20 de las cuales fallecieron- y ya ocurrido el referendo revocatorio que logra sortear en 2004 con apoyo del mismo Castro, el primero deja al desnudo su deriva totalitaria. Anuncia la nueva etapa y su abierto avance hacia un Estado comunal réplica del sistema constitucional cubano, contrario a la Constitución que por cierto firma el profesor Brewer.
La sentencia en espera hará constar lo que le compete decir a la Corte de San José: que a Brewer se les niegan sus derechos a las garantías judiciales y la tutela judicial efectiva dada la ausencia de independencia de poderes en Venezuela. Su justicia «provisoria», en efecto, es sirviente de la revolución y su Ministerio Público el cómplice necesario. Pero la cuestión va más allá del caso Brewer, a quien Carmona consulta en la madrugada del 12 de abril sobre cómo proceder constitucionalmente al manejo de la transición que le encomiendan los militares, una vez como el ministro de Defensa y más tarde del Interior, hoy embajador del régimen, Lucas Rincón, le sirve de vocero al renunciante. Y se trata de una consulta que el académico atiende pero no acoge el interesado, quien opta por el decreto que ordenan redactar los propios militares en la circunstancia y lee el abogado Daniel Romero.
Lo esencial, pues, no es quien redacta o no el decreto, pues su autoría es de quien lo firma; lo que sólo pudo darse sobre una operación de neta factura castrense, que el propio Carmona explica en sus memorias al librar de todo compromiso al profesor Brewer. Lo vertebral queda pendiente. Se resume en auscultar el móvil y los hechos eficaces que crearon el riesgo, dieron al traste con el hilo constitucional, y que el Tribunal Supremo de Justicia -dada la ausencia para ello del uso de las armas- califica posteriormente como vacío de poder; en decisión que adopta su mayoría, protesta Chávez, y le cuesta su destitución al magistrado ponente.
Dos datos relevantes e imprescriptibles tienen como testigos a sus autores. Uno, el citado general Rincón es quien se dirige al país y anuncia que el Alto Militar le solicitó del presidente su renuncia y «éste acetó» (sic). Otro, el más importante, es que en los días previos al 11 de abril, Julián Isaías Rodríguez Díaz, exvicepresidente del mismo Chávez y para entonces cabeza del Ministerio Público, es llamado por éste para preguntarle si está dispuesto a acompañarlo en la ejecución de las acciones que tiene previstas a fin de reprimir a sus opositores y que concluyen con la masacre.
Hace pocas horas, paradójicamente, acude a la audiencia de Costa Rica el ahora embajador Rodríguez quien vive distante en la Roma de los Césares y afirma, con tono melifluo, que sí acusó al profesor Brewer como autor del decreto del 11 de abril apoyado en un «cuento», sobre una denuncia que presenta un coronel Bellorín quien también declara a la sazón y manifiesta que la presentó ante éste sin señalar a Brewer; pero con el deliberado propósito, eso sí, de involucrar a civiles en unos hechos graves que comprometían únicamente a los militares.
El caso Brewer recuerda a las víctimas inocentes que caen a manos de criminales venidos desde La Habana -eso se comenta- y de militantes activos de la revolución, quienes quedan registrados por las cámaras de televisión y son perdonados por jueces al servicio de Julián Isaías, llamado El Profeta.
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ASDRÚBAL AGUIAR
